15 de Enero: Día clave para el futuro judicial del presidente del Gobierno de Canarias

La, cuanto menos, errática instrucción del ‘caso Grúas’ llevada a cabo por la jueza Celia Blanco en el juzgado número 2 de La Laguna, le ha provocado otro ‘tirón de orejas’. Esta vez, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, ante el enésimo intento de manipulación mediática sobre esta causa, ya tuvo que desmentir hace más de dos semanas que hubiera rechazado investigar al presidente del Gobierno de Canarias. Todo lo contrario: En su escrito formal, fechado el pasado día 12 de diciembre, aclara el Alto Tribunal a la jueza que debe elevar “una nueva exposición razonada a esta Sala que contenga los indicios, a tenor de las diligencias practicadas y obrantes en las actuaciones, por lo que considere que el aforado Exmo. Sr Clavijo Batlle [sic], ha podido o debido participar en alguna de las actuaciones irregulares denunciadas, referidas a los supuestos delitos de prevaricación, malversación y/o tráfico de influencias”. El TSJC pide una “nueva” exposición porque considera insuficiente el ‘corta y pega’ que hizo la jueza al Auto de la Audiencia Provincial que reabrió el caso y que, en un primer ‘tirón de orejas’, le recriminaba haberlo archivado sin haber investigado los “indicios suficientes” de la comisión de “delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias”. Precisamente es el relato de esa investigación el que debe incluir la jueza en su exposición razonada.  Para que no haya dudas, el TSJC aclara que “no procede la devolución” del ‘caso Grúas’ al juzgado de la Laguna, es decir, que la causa espera, en el Tribunal competente para llamar a declarar como imputado al presidente del Gobierno de Canarias, por la exposición razonada de la jueza en referencia a los indicios de comisión de delitos relacionados con la corrupción que pudiera haber cometido Clavijo. Explica la providencia del TSJC que, “una vez que esta sala dicte auto declarándose competente, es cuando dicho juzgado deberá remitir los originales de la totalidad de lo actuado”.

Clavijo ya aparece como “investigado” aunque el TSJC aún no lo ha llamado a declarar

Cuando a una persona se la declara ‘imputada’, significa que contra esa persona existen indicios suficientes de que haya podido cometer unos hechos que el Código Penal considera como delitos. En concreto, el primer ‘tirón de orejas’ que recibió la jueza tras archivar el caso Grúas fue el de la Audiencia Provincial que le recriminó el haber ignorado los “indicios suficientes” de la “comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias”.  La Audiencia señaló  a Clavijo como presunto autor de esos hechos relacionados con delitos de corrupción. Desde que el Gobierno del PP (el partido implicado en más casos de corrupción y percibido como el más corrupto por la ciudadanía, seguido de Coalición Canaria) cambiara el término en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los “imputados” aparecen como “investigados” en los escritos judiciales (y como “encausados”, no como “acusados”, cuando el juzgado publica el Escrito de Acusación”).  Fernando Clavijo (CC)  ya aparece como “investigado” en dos escritos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la Sala competente para imputarle ya que es aforado por su condición de presidente del Gobierno de Canarias. Sin embargo, para llamar o no a declarar al presidente canario como imputado, el TSJC espera por la exposición razonada de la jueza sobre si Clavijo “ha podido o debido participar en alguna de las actuaciones irregulares denunciadas, referidas a los supuestos delitos de prevaricación, malversación y/o tráfico de influencias”, algo que no llegará al menos hasta después de la declaración del Interventor el próximo 15 de enero.

 “Excesiva vinculación” entre el presidente del TSJC y  CC

Las dos providencias en las que Clavijo aparece como “investigado”/imputado,  están firmadas por el presidente del TSJC, Antonio Doreste cuya “excesiva vinculación” con Coalición Canaria, el partido del presidente del Gobierno, ya fue señalada por una de las acusaciones del ‘caso Grúas’, la que encabeza el concejal Santiago Pérez, recién jubilado profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna (ULL), institución en la que compartió departamento con Doreste, profesor de Derecho Civil de la ULL.  Doreste fue consejero de Industria del Gobierno de Canarias entre 1988 y 1991, bajo la presidencia de Lorenzo Olarte. Luego, Coalición Canaria lo hizo presidente del Consejo Consultivo de Canarias entre 2002 y 2005. De momento, los denunciantes no se han expresado sobre si recusarán o no a Doreste pero su actuación en este caso será determinante. De hecho, en la providencia firmada por Doreste el pasado día 12, se introduce una coletilla: “En caso de que el juzgado de instrucción nº2 de la Laguna no acuerde el archivo de las actuaciones, la magistrada jueza deberá elevar la exposición razonada”.

Testigo Clave

Esa coletilla la aprovecha la jueza del juzgado de la Laguna en su providencia de este pasado viernes 15 “interesando otra diligencia de instrucción que pudiera ser relevante para el archivo de la causa o la exposición razonada”: Celia Blanco ha citado a declarar al Interventor General del Ayuntamiento, Gerardo Armas. Armas declarará el próximo 15 de enero y es considerado uno de los testigos clave ya que se mantuvo firme en sus informes contrarios a la prórroga del contrato y el préstamo. De hecho, en su primera exposición razonada y para acabar su exposición de motivos, la jueza seleccionó un párrafo del auto de la Audiencia Provincial que se refiere a los levantamientos que hizo Fernando Clavijo de los reparos formulados por la Intervención Municipal y que llevaron a la concesión del préstamos de 120.000 euros y a la prórroga del contrato: “No se puede excluir […] que no atenten de forma patente y grosera contra la Legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona Intervención Municipal”, así como “tampoco cabe excluir en este momento que [Clavijo] no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo”. Por los “mismos motivos, no cabe excluir en este momento que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos”.

Este escrito de la jueza es de un día después de la otra providencia del TSJC en el que da por recibidas las copias de las testificales realizadas el pasado día 4 y que cobran especial relevancia ya que además de que los interventores del Servicio reconocieran que, en sus informes, relataron incumplimientos “muy graves” que conllevaban la caducidad del servicio y no la prórroga,  uno de ellos aseguró que  "El Interventor del Ayuntamiento [Gerardo Armas] es un profesional acreditado pero de alguna manera había que justificar y convencer de que la concesión de un préstamo era legal y viable". 

Que la jueza haya llamado a declarar a Armas como testigo es una muestra más de esa errática actuación ya que en su primera exposición razonada de 24 de noviembre para elevar la causa al TSJC aseguró: “ya se han oído a los testigos” pero no era cierto. Además, con un aclaratorio “en este momento”, la jueza Celia Blanco ha respondido por escrito a la acusación de XTF-NC que “no procede resolver” sobre la propuesta de tomar declaración como imputado al actual alcalde de La Laguna “al no ser firmante de ninguno de los decretos”. De lo que sí es firmante José Alberto Díaz,   tal y como se le recordó en la entrevista en Mírame TV del pasado lunes   , es de las propuestas por escrito que provocaron la prórroga del servicio y el préstamo, en su condición de concejal de Seguridad Ciudadana en el momento de los hechos investigados. De hecho, en los informes de Intervención firmados por Gerardo Armas se citan las propuestas firmadas por el actual alcalde por lo que la coletilla "en este momento" de la jueza en referencia a su declaración como imputado puede cobrar relavancia tras el 15 de enero.  Díaz hubiera firmado el decreto por el que está imputado Antonio Pérez Godiño, de no estar en ese momento de vacaciones.  Precisamente la defensa de Godiño ha pedido el archivo de la causa.

‘Los amigos de Clavijo’.

Cuando la jueza elevó su primera exposición razonada al TSJC sobre el ‘caso Grúas’, sólo había tomado declaración a los siete ‘empresarios’ señalados por la Audiencia Provincial por los indicios de que "pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo". Pero no declararon como imputados sino como testigos pese a que el “delito de tráfico de influencias” que la Audiencia le ordenó investigar, necesita de quien influye y de quien se deja influir. Aún así, de las declaraciones literales de estos ‘siete empresarios’ quedaron registradas frases como  que Clavijo “era el jefe de su mujer” y que “sí estuvo en la boda del Sr. Clavijo como esposo de la trabajadora del sr. Clavijo”  (Pablo Bartolomé Ginovés); o que “sí es cierto que su cuñado, José Francisco, fue profesor de Kárate de Clavijo” (Felipe Casanova), “que coincidió con Clavijo en el gimnasio de Kárate” y que “coincidieron en algún campeonato juntos” (José Luis Conde); o que “conoció a una de sus novias” que Fernando Clavijo “lo casó” y que “lo invitó a su boda” en la que Clavijo “brindó y se fue”,  “que era amigo con Fernando Clavijo, que entrenaban en Kárate y competían. Que esto fue desde que tenían 12 años y terminó hasta los 30 y algo de años”  (Santiago Ramón Casanova).  Mientras, hay medios de comunicación y pseudo-periodistas que insisten en ocultar una realidad que puede ir aún más lejos en sede judicial…

Ese Santiago Casanova “que era amigo de Fernando Clavijo” y que casó Fernando Clavijo, se casó con la hermana del exconcejal de Deportes del PP lagunero, José Francisco Pérez Martín, responsable del Gimnasio Viana Shuri-Te, cuna del kárate lagunero. Pérez Martín, a través de Rafael Becerra, era uno de los hombres en Tenerife del exministro del PP José Manuel Soria. Su hermano, Luis Soria, utilizó sus influencias para que Effico se hiciera con otros contratos de alumbrado públicos como el de La Laguna.

Deslumbrados por las Luces de Navidad

Otra de las ramificaciones subyace de la vertiente del ‘caso Grúas’, una causa abierta en la que los siete empresarios están imputados por el presunto saqueo de piezas del depósito municipal para venderlas por internet. El teléfono que aparecía en la web era el mismo que se ofrecía a los vecinos de la Laguna para poder llamar a una grúa municipal. Cuando los investigadores de la Guardia Civil, haciéndose pasar por compradores, concertaron una cita con los vendedores, apareció uno de los siete empresarios, Esteban Hernández, encargado de custodiar el depósito municipal. Cabe señalar que la Audiencia Provincial destacó en su auto de reapertura del ‘caso Grúas’ que en esta vertiente sobre el saqueo de piezas, los siete empresarios dieron una curiosa dirección de su empresa a efectos de notificación: la sede de la administración de fincas propiedad de Clavijo hasta 2009. Para la Audiencia Provincial, éste es uno de los indicios de delito de tráfico de influencias. Se da la circunstancia que la propiedad de la administración pasó a manos de un tal Tomás Febles, al que Esteban Hernández dijo conocer cuando ambos trabajaban en Leroy Merlin y que, el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido haber trabajado en la misma gran superficie como jefe de sección. Febles, que sustituyó a Clavijo en la propiedad de la administración de fincas, también fue, según declaró  Esteban Hernández, quien les asesoró para la compra-venta de la empresa de Grúas. Atogrúas Poli no era la única empresa de Esteban Hernández que tenía contratos con el Ayuntamiento: Sonotec Tejina SL se llevó 35 contratos por valor de más de un cuarto de millón de euros. Su vecino de Tejina, el entonces concejal de Agricultura, Juan Antonio Alonso Barreto, le otorgó muchos de esos contratos a dedo con la práctica conocida como ‘pitufeo’: dividirlos en contratos inferiores a 18.000 euros para intentar esquivar la Ley de Contratos del Sector Público. La gestoría que lleva a Sonotec Tejina la gestión fiscal y laboral es Tabor Asesores, fundada por el exconcejal Juan Antonio Alonso Barreto y hoy administrada oficialmente por su esposa, María del Carmen Rodríguez.  Designado por Fernando Clavijo, Alonso Barreto [en la foto inferior] es hoy consejero delegado de la empresa pública del Gobierno de Canarias, Gestión del Medio Rural.

Según declaró el anterior propietario de la empresa de Grúas ante la Guardia Civil, Alonso Barreto fue uno de los que presionó para que vendiera la empresa a estos siete trabajadores que previamente había contratado también por presiones del entorno, o incluso “por petición expresa de Clavijo". Tras sufrir periodos de hasta cuatro meses de impago por parte del Ayuntamiento llegando a acumular una deuda de 200.000 euros, José Padilla cede a las presiones y el escrito de compraventa se firma el 13 de abril de 2011. A diferencia de Padilla que estuvo esperando más de un año para que el Pleno municipal le permitiera ceder sus derechos a una empresa a su nombre, los nuevos dueños de Grúas Poli, amigos de quien ya era alcalde desde 2008, no tuvieron ni siquiera que pasar por Pleno tal y como ordenaba el pliego de condiciones. Tampoco pasó por pleno la compra de la empresa con más 700.000 euros de deuda  que hizo en 2015 el empresario titular del servicio de grúas del Ayuntamiento de Adeje José Luis Tacoronte [en la foto inferior].

Para que la inversión de Tacoronte fuera rentable, tendría que conservar el servicio durante al menos 14 años pero la prórroga del servicio acordada por decreto en contra del informe del Interventor acaba en 2019… Este empresario aparece en  el ‘caso Arona’ por un cobro de casi un millón de euros más del servicio de grúas ante la dejación del Ayuntamiento del entonces alcalde condenado por esta causa, Berto González Reverón. También aparece en el ‘caso Arona’ como promotor de un parking en las zona de Las Madrigueras que, tras ser aprobado por el Ayuntamiento en cuestión de días, se vio beneficiado por la decisión del Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC, que hizo un cambio de trazado del proyecto del Tren del Sur dejando de afectar a su parcela.

El ‘caso Grúas’,  la Punta del Iceberg

El 'caso grúas' es sólo la punta del iceberg. Además de los reparos de intervención levantados por Clavijo en el caso Grúas, existen  otros  48 informes de intervención con  reparos sobre una decena de empresas por contratos de un valor total aproximado de 20 millones euros: Servicios públicos cuyos contratos con empresas privadas habían finalizado. En vez de sacarlos a concurso y en contra de los informes de Intervención, estos contratos se prorrogaron mediante decretos del anterior alcalde, Fernando Clavijo, y del actual José Alberto Díaz.  Un ‘modus operandi’ que va mucho más allá del ‘caso grúas’ y que el también denunciante del caso Grúas, Santiago Pérez, ha anunciado en varias ocasiones que llevará a tribunales porque se impide optar por la oferta ventajosa o el derecho de otras empresas a presentar su oferta. La reciente historia de la corrupción en España (financiación de partidos, 3 percent, enchufar en las empresas a quienes pueden garantizar votos…) ha demostrado que no se tienen empresas de cabecera a cambio de nada. Así empezará 2018: con esta nueva denuncia en los juzgados y a la espera de que la jueza Celia Blanco tome una decisión sobre el 'caso Grúas' tras la declaración del Interventor Municipal del 15 de enero: O volver a archivar pese a los nuevos indicios que ya hay tras las declaraciones (y los habrá tras la declaración de un testigo clave), o realizar otro escrito de exposición razonada a tenor de su investigación que señala que el presidente del Gobierno de Canarias “ha podido o debido participar en alguna de las actuaciones irregulares denunciadas, referidas a los supuestos delitos de prevaricación, malversación y/o tráfico de influencias”.  Cabe recordar que es la misma jueza que no sólo ya archivó esta causa y que sólo reabrió tras el duro auto de la Audiencia Provincial que lo ordenó.  También es la jueza que, en primera instancia, archivó definitivamente el ‘caso Corredor’ en el que Clavijo llegó a estar imputado por hechos relacionados también con delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental.  Fue "una mano negra", según el juez, la que hizo desaparecer el auto que autorizaba las escuchas en las que basaba la imputación. Y, sin autorización, por mucho que lo que se decía en esas grabaciones se dijera, ya no valió para la Justicia. Pero sí vale ahora para recordar esos hechos probados, ahora que las formas de actuar de los representantes públicos laguneros relatadas en las escuchas de ‘caso corredor’ suenan muy parecidas a las formas de actuar en los hechos relatados del ‘caso Grúas’, coincidiendo hasta la tipificación de delitos. Sí que vale ahora que se sabe que, el levantamiento de reparos realizado por Clavijo con la empresa de Grúas, es sólo uno de muchos y que serán denunciados en con el relato de las otras relaciones entre políticos y empresarios. Sí que vale ahora que, archive o eleve la jueza esta causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias -el recurso si se archiva está asegurado- será el TSJC, presidido por un magistrado con “excesiva vinculación” con el partido del presidente del Gobierno, el que deberá decidir si lo llama a declarar como imputado…Una de esas oportunidades que tiene la ‘Justicia’ para fortalecer la falacia de que el Estado se basa en la Separación de Poderes.