La jueza eleva al Supremo el 'caso Reparos' por ver indicios de "prevaricación continuada" de Fernando Clavijo

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal La Laguna ha elevado a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo una exposición razonada sobre la presunta implicación de Fernando Clavijo Batlle en el denominado 'caso Reparos', cuando era alcalde de La Laguna. Entiende la jueza que "hay indicios de que el señor Clavijo podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al solventar reparos de la intervención" en múltiples expedientes.

Hay que recordar que el 'caso Reparos' investiga 20 contratos por 60 millones, prorrogados por el Ayuntamiento de La Laguna durante las mandatos de Clavijo y su sucesor, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, y que Clavijo es senador y está aforado, por lo que solo el Tribunal Supremo podría investigarlo.

La titular del número 4, Ana Serrano, sostiene en su escrito que las prórrogas de los contratos eran improcedentes a juicio del interventor municipal y que, además, se recurría a la utilización fraudulenta de la figura del contrato menor que no puede durar más de un año ni ser prorrogado.

También añade en su exposición que parece muy difícil que Clavijo, economista titulado y con más de 20 años de experiencia en la administración pública en diferentes cargos, desconociera los pilares de la contratación pública que se basan en el libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.

Asimismo, considera "difícil" que no sepa que los contratos no los puede realizar de forma indefinida la misma empresa y tampoco la obligación que tiene la administración de planificar las contrataciones para garantizar los servicios a los ciudadanos. Además indica de que se autorizó la continuidad del servicio vulnerando los principios de contratación administrativa.

Responsabiliza a Clavijo  de no ordenar que se tomaran medidas para evitar la reiteración de prórrogas, que en algunos casos se prolongraron hasta ocho años, a pesar de que fue informado por un equipo gestor. Esto, señala la jueza, ocasionó un "perjuicio" a las arcas municipales.