El fiscal pide investigar a dos expresidentes del Cabildo y al consejero de Justicia de Canarias por el pelotazo de Geneto
- El Ministerio Público solicita la declaración como imputados de diez miembros del Consejo de Administración de la empresa Parque Científico y Tecnológico, pero destaca el papel que jugaron Carlos Alonso y Ricardo Melchior en las sesiones que acordaron la compraventa
- La denuncia concluye que los terrenos de la ciudad deportiva fueron adquiridos a sabiendas de que no tenían utilidad y sin garantías para evitar el desequilibrio financiero de la sociedad pública, que en 2020 aún arrastraba una deuda de siete millones provocada por la operación
Los expresidentes del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria (CC); así como el actual consejero autonómico de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el socialista Julio Pérez; son tres de las diez personas que, a petición de la Fiscalía, tendrán que prestar declaración en calidad de investigados por el desembolso público de cerca de 20 millones de euros para comprar dos parcelas en la ciudad deportiva de Geneto.
La denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de diciembre, después de investigar durante casi un año las sospechas trasladadas al Ministerio Público por el interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola, pide la declaración en calidad de investigados de diez miembros del Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico (PCTT), la empresa pública que adquirió los terrenos de Geneto en 2012 por un precio que superaba un 524% su valor catastral.
Entre los imputados que solicita la Fiscalía figuran los expresidentes insulares Ricardo Melchior y Carlos Alonso; el actual portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, que en el momento de los hechos investigados era primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y ocupaba una silla en el Consejo de Administración de PCTT; los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), María del Pino León (CC) y José Luis Delgado (PSOE), hoy director general del Ejecutivo regional; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez Sáez; Sergio Alonso, exgerente de la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna y hoy concejal de CC en el municipio de Aguere; Juan Antonio Núñez, exdirector insular; y el letrado de la sociedad pública que adquirió los terrenos, José Luis Luengo.
El fiscal que ha llevado las diligencias preliminares de investigación, Domingo González Martín, considera que en el conocido como pelotazo de Geneto existen indicios de dos delitos de prevaricación administrativa y uno de malversación de caudales públicos. El responsable del Ministerio Público concluye que los miembros del Consejo de Administración de PCTT apoyaron la compraventa a sabiendas de que iban a ser adquiridos terrenos que no tenían ninguna utilidad y sin garantías para evitar el desequilibrio financiero que la operación provocaría a las arcas de la empresa pública.
El fiscal pone el foco en las diferentes sesiones del Consejo de Administración de PCTT que abordaron la compraventa de los terrenos de Geneto. Aunque pide la declaración de diez personas en calidad de investigados, destaca el papel que jugaron los expresidentes Ricardo Melchior y Carlos Alonso para convencer al resto de miembros del órgano. Ambos llevaron la voz cantante y, con ayuda del letrado José Luis Luengo, disiparon las escasas dudas sobre la legalidad de la operación que fueron planteadas durante los debates.
Parque Científico y Tecnológico, una empresa dependiente del Cabildo insular, adquirió en 2012 al CD Tenerife un total de 30.000 metros cuadrados de un suelo ubicado en la ciudad deportiva de Geneto. Según el informe del interventor, el valor real de los terrenos, en base a datos catastrales actualizados en 2017, es de tres millones. La Corporación pagó 18,9 millones al dar credibilidad a un informe de Tinsa, una tasadora externa que elevó el precio un 524%.
El club recibió 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias (cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado), que en 2007 había adquirido una de las parcelas para construir un centro de datos. El rescate con dinero público de esta sociedad mixta también ha dado pie a la apertura de otra causa penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Un despilfarro sin causa ni garantías
El primer delito de prevaricación lo sitúa el fiscal en la sesión del Consejo de Administración de PCTT celebrada el 28 de diciembre de 2011. Una jornada en la que se acordó proceder a la ejecución de los acuerdos previos adoptados para la compra de los terrenos. La importancia de este hito es clave porque, según el responsable del Ministerio Público, confirmó la decisión de adquirir las parcelas a sabiendas de que no tenían utilidad.
La intención original de comprar las parcelas de la ciudad deportiva, que partió de una moción plenaria presentada por el socialista José Luis Delgado en 2009, tenía como fin la ubicación de las instalaciones de un parque científico y tecnológico. Problemas urbanísticos y técnicos llevaron a trasladar la construcción a la zona de Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. A pesar de ello, la intención de adquirir el suelo de Geneto siguió adelante, esta vez bajo el pretexto de realizar una permuta con la Universidad de La Laguna (ULL) de los terrenos del denominado Hogar Gomero, en La Cuesta. Con estos antecedentes se llegó a la sesión de 28 de diciembre de 2011, pero ese día el guión previsto volvió a dar un giro.
Lo que parecía un acuerdo cerrado entre el Cabildo y la ULL saltó por los aires y, con ello, la posible justificación de una operación que iba a suponer un desembolso de cerca de 20 millones de euros. Lejos de provocar un freno a la compraventa de los terrenos, el Consejo aprobó un acuerdo para modificar el objeto del contrato, que descartaba ya la posible permuta y se centraba en "futuros desarrollos de acciones propias de la entidad".
Este punto es clave porque el fiscal considera que se llegó a un acuerdo "que suponía privar de toda utilidad o interés público a la adquisición de los terrenos"; un hecho que sustenta los indicios de uno de los dos delitos de prevaricación detectado por el Ministerio Público.
En la sesión de 28 de diciembre de 2011 se produjo un hito clave, ya que el propio letrado de PCTT, según se recoge en el acta de la sesión, defendió que solo cabía la operación si su objetivo final era una permuta, ya que la situación urbanística de los terrenos impedía el desarrollo de acciones que se correspondieran con el objeto social de la empresa pública. La réplica llegó por parte del propio Carlos Alonso, que negó la posición del jurista y defendió la legalidad de la compraventa pese a no quedar justificada su utilidad.
Fue en esta reunión en la que participó el hoy consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Julio Pérez. El entonces primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña fue una de las nueve personas que apoyaron el acuerdo, pero no lo hizo directamente, ya que tuvo que ausentarse de la sesión y delegó su votó en su compañero de filas José Luis Delgado. Antes, ambos habían manifestado sus dudas sobre la operación, pero terminaron por dar su visto bueno.
El segundo delito de prevaricación lo ubica el fiscal en la sesión del Consejo de Administración de PCTT que tuvo lugar el 16 de enero de 2012, cuando se aprobó eliminar las condiciones que, en acuerdos anteriores del mismo órgano, se habían establecido como requisitos para garantizar la viabilidad financiera de la operación.
Hasta ese día, la adquisición de las parcelas estaba condicionada a que el Consejo de Gobierno autorizara la operación de endeudamiento y a la existencia de un acuerdo sobre las aportaciones económicas que tendría que realizar el Cabildo para garantizar la estabilidad de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. En la sesión, a raíz de una propuesta defendida por Carlos Alonso, se enterraron los requisitos y se consideró aval suficiente el acuerdo plenario de 2009 y una carta remitida por Ricardo Melchior al resto de miembros del órgano en la que se comprometía a realizar un aumento de capital de la empresa pública de 20 millones.
Una vez más, el consejero José Luis Delgado intervino para preguntar en la sesión si con la propuesta de Carlos Alonso se cubrían los requisitos que se habían fijado para autorizar la operación, a lo que el letrado José Luis Luengo respondió que "sin duda alguna era así". Para el fiscal, la decisión adoptada supuso, a sabiendas de su alcance, "comprometer gravemente la situación financiera económica de la propia entidad, así como el desarrollo de la actividad que le es propia".
Un informe elaborado por la consejera delegada de PCTT en septiembre de 2020 puso de manifiesto que la aportación prometida por Melchior nunca se llevó a cabo. También destacó que, a fecha 31 de diciembre de 2019, la empresa pública se encontraba en situación de desequilibrio financiero, por lo que no cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El documento señala como causa la adquisición de las parcelas de la ciudad deportiva, lo que provocó un endeudamiento que no vence hasta mayo de 2024. En el momento de la elaboración del escrito, el saldo pendiente era de siete millones de euros más los correspondientes intereses.
El fiscal concluye que el Consejo de Administración de la empresa del Cabildo sabía que la compraventa carecía de causa de utilidad o interés público, a lo que se añade el perjuicio económico que la adquisición de los terrenos produjo en las cuentas de PCTT. Unos hechos que, según la denuncia, también son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.
Una tasación caducada
El fiscal también pide que se tome declaración a seis testigos, entre los que figura el interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola, el funcionario que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas. En la lista también se nombra a la actual consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) o al perito Javier Risco Ceniceros, autor del dictamen que elevó la tasación de los terrenos un 524% por encima de su valor catastral.
El documento del perito de TINSA, el mismo técnico que valoró por encima de su precio real el frente de playa de Las Teresitas, es un elemento que no pasa desapercibido para el fiscal. El primer hecho que destaca el Ministerio Público apunta a que la tasación que fijó el precio de la operación se encontraba caducada en el momento de la compraventa, ya que su vigencia expiraba el 18 de noviembre de 2011.
Otro aspecto destacado de la tasación es que se utilizaron como testigos, entre otros, calles céntricas de la capital tinerfeña, sin tener en cuenta ningún terreno de condiciones similares y en la misma zona que las parcelas de la ciudad deportiva. Además de que el propio perito advertía de que el valor alcanzado "corresponde al conjunto de las fincas funcionando como una sola unidad".
Pero lo más llamativo se encuentra en las observaciones que el propio técnico realiza, al poner sobre aviso en varias ocasiones que la validez de la tasación dependía del cumplimiento de los parámetros fijados en el acuerdo plenario de 2009, que considera "importantísimo para poder absorber la superficie máxima edificable, así como también para poder desarrollar como una única unidad la superficie de los terrenos".
Es decir, el Cabildo pagó casi 20 millones por unos terrenos que no necesitaba en base a una tasación caducada y que establecía una serie de requisitos que nunca se cumplieron. Además de la necesidad de ubicar en las parcelas de Geneto el futuro parque científico, era requisito recabar un informe favorable del Consejo Insular de Aguas y del Ministerio de Defensa, por encontrarse en una zona de seguridad militar, así como la autorización de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Esta circunstancia provocó que la compraventa se llevara a cabo por una cuantía que no se encontraba justificada ni siquiera con el informe de Tinsa en la mano.