Política Territorial lleva un año para revisar las licencias del Monkey Beach que investiga la Justicia por presuntos delitos urbanísticos
- Aunque la Viceconsejería del Gobierno de Canarias inició el procedimiento en 2020, no comenzó a pedir informes hasta que meses después el TSJC requirió el expediente
- Las autorizaciones que permitieron las obras de ampliación del local de ocio fueron dictadas por un ex alto cargo de Coalición Canaria, a quien defiende en la vía penal la propia Comunidad Autónoma
- Junto a Jesus Romero, en la causa están imputados una directora insular del Cabildo de Tenerife, los responsables de la Demarcación Provincial de Costas y toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Adeje
Mientras se acercan a la recta final las diligencias penales que investigan presuntos delitos urbanísticos en la ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en primera línea de playa del municipio tinerfeño de Adeje; la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno regional mantiene en punto muerto la revisión de oficio de las autorizaciones que permitieron las obras del edificio y por las que está imputado, entre otros, el anterior responsable del área, Jesús Romero (Coalición Canaria).
Más de un año ha transcurrido desde que la Viceconsejería de Política Territorial, a petición de la Comunidad Residencial Galaxia, aceptó iniciar un expediente de revisión de oficio de las dos resoluciones dictadas por Jesús Romero para permitir la ampliación del Monkey Beach Club y un modificado posterior del proyecto. A día de hoy, sigue sin resolverse un procedimiento que, según han confirmado fuentes oficiales a Mírame Televisión, "está pendiente de que se manifiesten el resto de partes".
La inactividad de la Viceconsejería de Política Territorial en la vía administrativa contrasta con la laboriosa estrategia que la Comunidad Autónoma mantiene en el ámbito penal, donde se encarga de la defensa del propio Jesús Romero. Dos caminos que persiguen un mismo destino: evitar el derribo de un edificio que incumple la Ley de Costas, según el criterio que sostienen tanto la Fiscalía como la acusación popular, representada por los vecinos afectados por la ampliación del edificio.
Los representantes de la Comunidad Galaxia solicitaron en junio de 2020 la revisión de oficio de las autorizaciones dictadas por la Viceconsejería en 2017 y 2019, en las que se amparó el Ayuntamiento de Adeje para conceder las licencias que permitieron la ejecución de las obras. Las resoluciones de Política Territorial son claves, además de porque impulsaron la actuación municipal, por tener el Gobierno autonómico la competencia para interpretar la Ley de Costas en lo que se refiere a las construcciones que ocupan la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, como el caso del Monkey.
La Ley de Costas es tajante a la hora de prohibir las obras en edificios que ocupen la servidumbre de protección y que supongan un aumento de volumen, como también lo es para impedir la formación de pantallas arquitectónicas en primera línea de mar. Objeciones legales que fueron ignoradas en las autorizaciones y que se atragantan en los despachos de Política Territorial, donde el PSOE se toma con calma el análisis de la posible nulidad de unos permisos que concedió Coalición Canaria. Dos partidos enfrentados en el Parlamento regional pero unidos por un mismo interés en el litoral de Adeje.
No hay que olvidar que en la causa penal, junto al nacionalista Jesús Romero, se investiga la participación de los responsables de Costas en la provincia tinerfeña; de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adeje, incluido su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga; y de una directora insular del Cabildo de Tenerife, la exconcejala de Urbanismo Ermitas Moreira. Todos ellos bajo el cuño del PSOE.
Aunque los vecinos presentaron la solicitud en junio de 2020, no fue hasta septiembre cuando Política Territorial se dirigió a la Comunidad Galaxia para solicitar la entrega de más documentación que acreditase su personalidad jurídica, así como una dirección de correo electrónico para llevar a cabo las notificaciones sobre el procedimiento. En el escrito ya figura la apertura del expediente de revisión de oficio bajo el número 2020/20181.
Recurso al TSJC
Los meses transcurrieron sin que sonora la alarma en la bandeja de entrada de la Comunidad de Vecinos, que decidió acudir a la vía judicial ante la falta de respuesta de Política Territorial. En febrero de 2021, una vez transcurridos los seis meses que marca la legislación, presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para solicitar la revisión de oficio de las autorizaciones y, lo más importante, pedir a los magistrados que entrasen en el fondo del conflicto, dada la inactividad de la administración, para dictar la nulidad de los permisos otorgados.
El 17 de febrero, un decreto del TSJC daba trámite al recurso de los vecinos y acordaba solicitar el expediente administrativo a Política Territorial. Pero la entrada en el conflicto de un actor con toga tampoco sirvió para sacar de su letargo a los responsables de la Viceconsejería, que siguieron sin recabar los informes necesarios hasta mayo.
Sin novedad pasaron en el calendario los meses de marzo y abril, hasta que el TSJC, cansado de la falta de respuesta del Gobierno regional, remitió un nuevo escrito a Política Territorial el 7 de mayo de 2021 en donde, "nuevamente", solicitaba "la urgente remisión del expediente administrativo". Esta vez sí, la comunicación surtió efecto, ya que solo unos días después el procedimiento de revisión de oficio de las autorizaciones del Monkey Beach Club entraba en el principal tribunal de la Comunidad Autónoma, según se ratifica en una diligencia de ordenación fechada el 17 de mayo.
Fue en mayo cuando se llevaron a cabo las comunicaciones a las partes implicadas. Primero a Costas, en un escrito en el que se pide la emisión de un informe "para que se analicen aquellas cuestiones relativas a la afección de la ampliación del proyecto Monkey Beach Club a las distintas servidumbres". En la misiva también se reclama que el dictamen aborde "la incidencia de las construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa".
En mayo se emitieron otras comunicaciones dirigidas al Servicio de Ordenación del Litoral Occidental de la propia Viceconsejería de Política Territorial, con el objeto de que vuelva a informar sobre la revisión de oficio de las autorizaciones, y a los promotores del Monkey Beach Club, un establecimiento que es propiedad de los hijos de José Fernando Cabrera, expresidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña.
A pesar de que han transcurrido más de cinco meses desde que se emitieron las comunicaciones, desde la Viceconsejería se limitan a justificar que el procedimiento sigue en trámite porque algunas partes no han contestado a los requerimientos de Política Territorial. Un supuesto bloqueo que impide subir el escalón definitivo para resolver el expediente, lo que pasa por solicitar un dictamen al Consejo Consultivo, que es preceptivo y vinculante para llevar a cabo la posible anulación de las autorizaciones.
Desde Política Territorial, a día de hoy, tampoco se ha respondido a Mírame Televisión una serie de preguntas, remitidas el pasado viernes, sobre el expediente de revisión de oficio. Quien sí se ha pronunciado en las últimas semanas es el TSJC, que ha trasladado el conflicto a un bucle sin salida.
En un auto dictado el pasado 5 de octubre, los magistrados acordaron rechazar el recurso de la Comunidad Residencial Galaxia por "satisfacción extraprocesal", al considerar que ya no cabe la reclamación de los vecinos porque la revisión de oficio está en trámite en la Viceconsejería de Política Territorial. Es decir, el TSJC no resuelve a expensas de que lo haga la administración que ha abierto el procedimiento, pero la lentitud con la que el Gobierno tramita el expediente retrasa la posible resolución del conflicto.
Los vecinos ya han anunciado que recurrirán el fallo judicial porque insisten en que los tribunales no se pueden quedar de brazos cruzados mientras la administración no actúa. Por eso piden que el TSJC entre en el fondo del conflicto y declare nulas las autorizaciones, lo que también supondría un impulso para una causa penal en la que, a raíz de las últimas diligencias practicadas, cada vez hay más indicios que apuntan a la incompatibilidad de las obras de ampliación del Monkey Beach Club con la Ley de Costas.