Aplazado hasta junio el juicio por presuntos delitos contra el medio ambiente en la gestión de residuos de El Hierro
- El Cabildo permitió durante años la actividad ilegal de tres vertederos donde se depositaban materiales contaminantes sin control
- Se enfrentan a posibles condenas de cárcel dos exconsejeros de AHI-CC, una funcionaria y el actual presidente de la Cofradía de Pescadores
El juicio que se encargará de desenterrar la gestión ilegal de residuos en la isla de El Hierro tendrá que esperar. Según una resolución judicial a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, la vista oral del conocido como caso Vertederos, prevista inicialmente para el próximo lunes 25 de octubre, ha sido aplazada hasta el 6 de junio de 2022.
Un nuevo retraso de casi ocho meses que vuelve a dejar en suspenso el desenlace de una instrucción marcada por la lentitud que padecen los juzgados de las islas menores, a pesar de la existencia de importantes indicios de delitos contra el medio ambiente y del empuje que le han dado a la causa tanto la Fiscalía como los denunciantes, la Asociación Cultural Ossinisa.
Dos exconsejeros insulares de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI-CC), Javier Armas y Claribel González; y una funcionaria del Cabildo, Fabiola Ávila, se enfrentan a posibles penas que alcanzan los 11 años de prisión. Junto a ellos se sentará en el banquillo Fernando Gutiérrez, actual presidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro y gestor de uno de los tres puntos negros de la isla en el momento de los hechos investigados, para quien se solicitan penas de cárcel de entre cuatro y siete años.
Además de los acusados, todas las miradas del juicio se centrarán en la rueda de testigos, por la que está previsto que pasen dos expresidentes del Cabildo herreño, Tomás Padrón y Belén Allende, ambos de AHI-CC; así como el actual máximo responsable de la Corporación insular, Alpidio Armas (PSOE), que a su vez es hermano de uno de los procesados, Javier Armas. A pesar de la expectación levantada, la cita tendrá que esperar hasta el próximo mes de junio.
Ya no sorprende que una causa que comenzó a instruirse en 2006 sufra un nuevo retraso. Menos aún si se tiene en cuenta que, a pesar de que la apertura del juicio se dictó en 2019, la fecha no se notificó hasta septiembre de 2021, solo un mes antes del inicio de una vista oral que tiene que prolongarse durante una semana, de lunes a viernes, en una isla menor y con sesiones fijadas hasta las 17:00 horas, lo que solamente deja 50 minutos de margen con el último avión que despega rumbo a Tenerife. Los abogados de las partes no pudieron cuadrar sus agendas y solicitaron un aplazamiento que el Juzgado de lo Penal Número 7, que se mueve entre El Hierro y La Palma, ha visto con buenos ojos.
Los escritos de la Fiscalía y de la Asociación Ossinisa relatan con detalle los indicios que pondrán bajo los focos la gestión de los residuos en la isla del Meridiano en las dos últimas décadas. Los procesados se sentarán en el banquillo acusados de presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación medioambiental, y contra la ordenación del territorio.
En el punto de mira de las acusaciones se encuentran tres zonas de la isla utilizadas como centros de gestión de residuos: La Dehesa, El Majano y La Cumbrecita. En los tres casos ha quedado acreditado durante la instrucción que la actividad desarrollada carecía de los permisos necesarios, además de provocar la contaminación del subsuelo y de las especies vegetales.
La Dehesa
En el vertedero de La Dehesa, ubicado dentro de los límites del espacio natural protegido Parque Rural de Frontera, se depositaron durante 15 años todo tipo de materiales: sólidos urbanos, enseres domésticos, aparatos eléctricos, chatarras, neumáticos, animales muertos, envases de diferente naturaleza y hasta residuos peligrosos.
En una primera fase, bajo gestión directa del Cabildo de Tenerife, la instalación "se encontraba en un estadio de combustión permanente, de tal forma que, al realizarse el vertido de basuras de los camiones recolectores, esta ardía de forma instantánea", según explica el escrito de acusación de la Fiscalía.
En esta etapa, tal y como se ha comprobado durante la instrucción, el vertedero no disponía de control de entrada de residuos, ni de impermeabilización del suelo, ni de recogida de lixiviados, ni de cunetas para evitar escorrentías, ni de instalación eléctrica. Todo ello sin contar "con las correspondientes autorizaciones e informes de compatibilidad, teniendo en cuenta en especial que se trataba de una actuación desarrollada en el interior de un espacio natural protegido", como relata la fiscal.
Durante los años posteriores, el Cabildo intentó regularizar la situación de la instalación mediante la aprobación de un proyecto de acondicionamiento y la obtención de una Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida por el Gobierno de Canarias en 2012. Unos trámites que las acusaciones consideran insuficientes, como han venido a constatar diferentes informes de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), donde se resaltan los efectos negativos que la actividad ha provocado desde un punto de vista medioambiental. En el escrito de la fiscal se insiste en que “se ha detectado la presencia de residuos peligrosos contaminantes en el subsuelo”.
En febrero de 2011, una arquitecta municipal del Ayuntamiento de La Frontera emitió un informe clave para las consecuencias urbanísticas del vertedero, en el que confirmaba que la actividad no se podía llevar a cabo al desarrollarse en un suelo que el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio califica como rústico de protección ambiental. Siete meses después, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Valverde ordenó el precinto de las instalaciones.
Por el camino quedó un polémico informe emitido por la técnico del Cabildo que se encuentra acusada en la causa, que en mayo de 2010 emitió un dictamen "manifestando que dicho vertedero cumplía con los requisitos medioambientales pertinentes, cuando en realidad no era así", como sostiene en su acusación el Ministerio Fiscal.
El Majano
En la zona de El Majano se instaló durante años un vertedero ilegal de vehículos con la total complicidad del Cabildo de El Hierro, que entre los años 1999 y 2005 cedió unos terrenos públicos a Fernando Gutiérrez para que llevase a cabo la actividad de desguace de coches en un suelo rústico de protección paisajística.
Como han concluido las acusaciones y el juez de instrucción, el hoy presidente de los pescadores de la isla actuaba "con total desprecio por el medio ambiente". En las instalaciones, el acusado procedía a despiezar los vehículos para posteriormente vender los repuestos, "derramando los residuos al suelo permeable, no contando con zona de descontaminación".
A partir del año 2005, el Cabildo recuperó los terrenos para facilitar la construcción de un punto limpio, pero permitió a Gutiérrez seguir con la actividad de desguace en una parcela privada anexa, "donde continuaba realizando el compactado de parte de los vehículos sin previamente despojarlos de los componentes peligrosos, tales como baterías, aceites, agua refrigerante, líquidos de freno, mercurio, amianto o ácidos", expone el juez de instrucción.
El auto de apertura de juicio oral, dictado en noviembre de 2018, añade que los vehículos "que no se compactaban eran enterrados incluso sin descontaminar bajo los cimientos y en los alrededores del punto limpio".
Al juez de instrucción le ha quedado claro que la actividad ilegal de El Majano se produjo gracias a la participación del trio de acusados en la pieza principal: la exconsejera de Medio Ambiente Claribel González, el exdirector del Área Javier Armas, y la técnico de residuos Fabiola Ávila. En el auto de 2018, el magistrado recuerda que llegaron a conseguir "la colaboración de la Jefatura de Tráfico, que aceptaba los documentos emitidos por el Cabildo de El Hierro (...) haciendo constar, falsamente, que los vehículos se encontraban en instalaciones" homologadas, cuando la realidad es que terminaban "enterrados y sus componentes contaminantes vertidos por el suelo".
Los hechos fueron constatados en varias ocasiones por profesionales del Seprona de la Guardia Civil y de la Apmun, aunque la agencia autonómica tardó cuatro años en abrir un expediente al desguace, que luego dejó caducar. Durante 14 años, hasta que en 2013 fue clausurado por el Juzgado, la actividad se desarrolló sin autorización y sin cumplir las medidas exigidas por la normativa.
En el procedimiento constan diferentes informes que demuestran que la actividad ilegal y los riesgos que conllevaba eran conocidos por los acusados, que omitieron la puesta en marcha de medidas correctoras. También se ha aportado un dictamen químico que ratifica la presencia de elementos contaminantes en el suelo.
La Cumbrecita
El tercer punto negro de la isla de El Hierro se sitúa en la zona de La Cumbrecita, sobre un suelo rústico de protección paisajística. El lugar, como también han ratificado técnicos del Seprona y de la Apmun, fue utilizado por el Cabildo insular entre 2007 y 2010 como un vertedero ilegal donde se depositaban todo tipo de productos peligrosos: neumáticos, baterías, latas de pintura, aceites, chatarra, escombros o electrodomésticos.
Los vertidos se llevaban a cabo sin ningún tipo de control y no fue hasta la intervención judicial, en septiembre de 2010, cuando tuvo lugar su paralización. Una vez más, como recuerda la Fiscalía, después de dictarse la medida cautelar, la funcionaria acusada emitió un informe "manifestando que dicho vertedero se trataba de una zona de almacenamiento temporal de residuos, cuando en realidad con dicha actividad se estaba alterando notablemente el medio ambiente causando un daño significativo".
El caso Vertederos vuelve a poner de manifiesto el problema que supone la gestión de residuos en los territorios insulares, sobre todo en aquellos de menor tamaño, así como la dejadez de los responsables públicos a la hora de afrontar uno de los principales problemas medioambientales. También en una isla que se proyecta al exterior como un escaparate ecológico.