En libertad provisional los dos activistas que subieron a la grúa del hotel de la Tejita
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Granadilla ha desestimado la prisión preventiva y orden de alejamiento que pedía el grupo gallego Viqueira, promotor del hotel de La Tejita, para los activistas que entraron en su propiedad y se encaramaron durante 11 días en lo alto de las grúas de construcción para reclamar la paralización de las obras, según han informado fuentes ecologistas y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Ambos activistas están en libertad condicional, aunque continuarán las diligencias de investigación abiertas por delitos de usurpación, coacciones y desobediencia a los agentes de la autoridad.
Ante la petición de la acusación particular que ejerce la constructora, el Juzgado ha celebrado la comparecencia que prevé el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, ante la oposición de la Defensa y del Ministerio Fiscal a la petición de prisión provisional, la autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad provisional del los investigados.
Paralización "ilegal"
Por otra parte, el Grupo Viqueira, promotor del hotel tachó de "mainfiestamente ilegal" la paralización de las obras y anuncia medidas judiciales para revertir la orden ministerial porque cuenta con todos los permisos y licencias correspondientes, según un comunicado remitido hoy por la empresa.
Los promotores afirman, a través de un comunicado remitido hoy, que, tras recibir el 26 de junio la orden del Ministerio de Transición Ecológica, ha procedido "como no puede ser de otra manera a acatar la orden de paralizar totalmente los trabajos que veníamos llevando a cabo ante la imposibilidad de realizar el proyecto autorizado en base a la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona con fecha 19 de septiembre de 2017, así como del resto de autorizaciones sectoriales obtenidas, entre ellas, la del organismo competente en materia de protección de la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre".
Y añade que "ello sin perjuicio de que vamos a ejercitar todas las acciones legales que correspondan contra esta orden de paralización manifiestamente ilegal y arbitraria, dictada por la Administración tras ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas".
Hay que recordar que la orden ministerial se debe a que existen indicios de que los trabajos se pueden estar ejecutando la zona de servidumbre de protección, que quedará definirá cuando se concrete en el nuevo deslinde marítimo terrestre de la zona.