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El día que un presidente autonómico declaró en un juzgado ordinario

Fernando Clavijo afronta durante dos horas y media las insistentes preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de las defensas por el caso Grúas / El exalcalde de La Laguna descarga todas sus actuaciones en los técnicos y asegura desconocer el informe de los interventores del servicio sobre la caducidad de la concesión por las deudas de la sociedad / Resta importancia a sus vínculos personales con algunos de los dueños de la empresa y defiende que la operación municipal fue todo un éxito

 

9:00 horas. El Palacio de Justicia de La Laguna abre sus puertas al público. Una decena de personas, que se resguardan del frío en el portal de la entrada principal, acceden al edificio. Entre ellas no está el presidente de Canarias, pese a tener una cita con la jueza que instruye el caso Grúas para prestar declaración en calidad de investigado. Fernando Clavijo ya se encuentra en el interior de las dependencias judiciales. Lleva allí más de una hora.

Por fuera del edificio, una nube de periodistas aguarda la salida del presidente autonómico. No saben por dónde aparecerá el líder de Coalición Canaria y candidato a la reelección en los comicios de mayo. La incertidumbre es mayor después de comprobar el madrugón de Clavijo para eludir a la prensa. ¿Usará la puerta principal o utilizará el garaje? Los profesionales de la información se reparten la vigilancia. Llueve, no a raudales, sino como suele hacerlo en La Laguna en primavera. La lluvia que no moja pero empapa. En el interior del edificio, una tormenta mayor cae sobre los hombros del exalcalde. Son las preguntas de la responsable de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez, que busca con insistencia consolidar los indicios de los tres delitos que se imputan al político nacionalista: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

13:15 horas. Fernando Clavijo abandona el Palacio de Justicia de La Laguna por la puerta principal con paso firme. A su lado, el abogado José Antonio Choclán Montalvo, exmagistrado de la Audiencia Nacional y más conocido por haber defendido a Cristiano Ronaldo de sus delitos con la hacienda pública. El presidente no frena su marcha para contestar a las preguntas de los periodistas, a los que ha convocado a una rueda de prensa en la sede de Presidencia del Gobierno. Solo se detiene un momento para atender a una vecina de avanzada edad que reclama su atención: "¿Ni un besito ni nada a una mujer en la calle?". Tras el saludo, sonríe y sigue su camino. Gira a la izquierda. Deja a su derecha el Ayuntamiento de Aguere, donde bajo su mandato se concedió un préstamo de 120.000 euros y se prorrogó el servicio a una empresa en la ruina económica. Se sube a un coche oficial. El vehículo arranca. La nube de periodistas se dispersa. No así las del cielo, que echan más agua sobre un hito histórico: nunca antes un máximo responsable de una comunidad autónoma había acudido a declarar como imputado a un juzgado ordinario.

Durante dos horas y media, Fernando Clavijo, desprendido ya del privilegio de estar aforado, contestó a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, de la fiscal, de su abogado y de los letrados del actual alcalde, José Alberto Díaz, y del concejal Antonio Pérez Godiño, también investigados. El presidente autonómico se acogió a su derecho a no responder a la acusación popular, que representa a los partidos de Unidos Se Puede y Por Tenerife-NC. El resto del tiempo lo dedicaron a comprobar el acta del interrogatorio.

La historia del caso Grúas que dibuja Anticorrupción, y que han mantenido los letrados de las acusaciones populares desde que arrancó la causa, señala la posible responsabilidad penal de los máximos responsables del Ayuntamiento tinerfeño por haber lanzado un salvavidas a la empresa encargada de la gestión municipal de recogida de vehículos. Autogrúas Poli SL vivía a comienzos de 2014 una situación económica crítica. Con una elevada deuda, impagos a los trabajadores y cuentas embargadas; la sociedad fue intervenida por el Consistorio, que posteriormente le concedió un crédito de 120.000 euros y le prorrogó el contrato.

Para las acusaciones, el Ayuntamiento de La Laguna, con Fernando Clavijo al frente, actuó de espaldas a la legalidad para favorecer a los dueños de la empresa, con los que el exalcalde había tenido vínculos personales. La Fiscalía y los denunciantes consideran que, ante la gravedad de la situación económica de Autogrúas Poli SL, lo procedente hubiera sido declarar la caducidad del servicio y asumir la gestión hasta la convocatoria de un nuevo concurso. ¿Por qué usar el dinero público para mantener activa a una concesionaria al borde de la ruina? ¿Alguna entidad financiera habría concedido un préstamo en las condiciones en las que lo hizo el Consistorio a una entidad embargada y con una deuda que no para de crecer? Estas son algunas de las preguntas que los abogados Unidos Se Puede y Por Tenerife no pudieron poner sobre el estrado judicial.

La versión de Fernando Clavijo y del resto de imputados es bien distinta. Defienden que la operación fue rentable para el Ayuntamiento de La Laguna, que se intervino para salvar el servicio y que tanto el préstamo como la prórroga fueron avalados por los técnicos municipales. Consideran que declarar la caducidad habría supuesto un daño patrimonial para las arcas públicas y restan importancia a las relaciones personales con los dueños de la empresa. Sobre este discurso se apoyó toda la declaración del presidente del Gobierno de Canarias.

En una instrucción como el caso Grúas, en la que todo está documentado, las declaraciones de los investigados no tienen valor alguno como prueba. Eso no quita que sea necesario escuchar la versión de los imputados para conocer su interpretación de los hechos. Y para confirmar algunas de las cosas escritas negro sobre blanco en el expediente. Las respuestas de Fernando Clavijo, especialmente por la insistencia que en sus preguntas puso la representante del Ministerio Público, arrojaron algo de luz sobre el procedimiento, pero sobre todo sirvieron para abrir el abanico de posibles responsabilidades.

 

El ventilador

Poner el ventilador suele ser habitual en las declaraciones de los investigados en causas penales, y la de Clavijo fue un ejemplo más. En los momentos más difíciles descargó la responsabilidad en los técnicos que gestionaron la intervención de la empresa, en la directora del Área de Seguridad y hasta en la Junta de Gobierno. "Ningún ser humano puede abarcar todos los detalles", llegó a responder el actual presidente de Canarias.

Fernando Clavijo reconoció tener vínculos con tres de los dueños de la empresa, extrabajadores a los que el anterior concesionario traspasó la sociedad. Sobre uno de ellos admitió que es el marido de una exempleada de un despacho profesional que tenía y que estuvo en su boda, pero que eso "no conlleva nada; simplemente lo conozco". Dos fueron sus compañeros en el mismo gimnasio donde practicaba kárate, aunque uno "era más pequeño y no tenía apenas relación", mientras que con el otro "no mantuvo trato alguno después de esos años", pese a que fue el encargado de oficializar su matrimonio cuando era alcalde.

Con esos mimbres, la fiscal María Farnés Martínez quiso profundizar en el conocimiento que tuvo Clavijo de la operación inicial, la que llevó al anterior concesionario, José Padilla, a traspasar la sociedad a parte de sus trabajadores. El antiguo propietario ha declarado que lo hizo presionado por el propio Ayuntamiento, ya con Fernando Clavijo como alcalde. El actual presidente regional reconoció que en aquel momento, año 2011, se reunió con algunos de los empleados que después asumieron la gestión y que "no les aconsejó que fuera un negocio bonito, aunque sí les dijo que sería interesante que algunos de los trabajadores continuaran en la empresa".

En una de las pocas contradicciones de Clavijo, que demostró tener su discurso bien aprendido, primero negó conocer la existencia de deudas con la Seguridad Social de la concesionaria, pero posteriormente terminó por admitir que esa situación fue uno de los motivos que provocó la intervención del servicio en enero de 2014.

El expediente objeto de investigación ha sacado a relucir los datos de Autogrúas Poli SL en el año en que fue intervenida. En abril de 2014, las deudas a corto plazo alcanzaban los 347.691 euros, además de un embargo judicial y retenciones pendientes con la Agencia Tributaria Estatal. El agujeró superaba los 700.000 euros cuando fue asumido por el actual concesionario, José Luis Tacoronte, un empresario vinculado a CC, a quien se traspasó la sociedad a un precio simbólico.

 

El informe clave

En el argumento que manejan las acusaciones sobre la obligación que tenía el Ayuntamiento de declarar la caducidad del servicio y rescatar la empresa, como volvió a demostrar este miércoles con sus preguntas la fiscal, existe un elemento clave: un informe de los interventores municipales de la empresa de 8 de abril de 2014. En el documento, los técnicos concluyen que las deudas de la entidad pueden ser consideradas como faltas "muy graves o gravísimas", lo que tenía que haber conllevado, según el pliego de condiciones, "la caducidad de la concesión".

Fernando Clavijo no recordó "si este informe se propuso llevar a la Junta de Gobierno Local", pero explicó que "le parece razonable que cuando se interviene el servicio y a medida que los interventores van analizando, concluyen que no se trata de un problema estructural sino de problemas económicos y por eso posteriormente solicitan la inyección económica".

El exalcalde insistió, a pesar del informe de los interventores de abril de 2014, en que "nadie propuso ni el rescate ni la caducidad". Aunque uno de sus argumentos pasa por asegurar que la operación fue rentable, dado que el préstamo se devolvió con unos intereses del 4%, y que otra opción hubiera provocado "un daño patrimonial al Ayuntamiento", tampoco "sabe si se hizo un estudio para calcular qué costaría o qué indemnizaciones habría que pagar para el caso de cesar la concesión o rescatarla".

El escrito de abril es importante porque saca a relucir el cambio de criterio de los interventores de la empresa, que pasaron de informar  sobre la caducidad de la concesión por los incumplimientos muy graves o gravísimos a proponer un préstamo de 120.000 euros y la prórroga del servicio. Las acusaciones populares ya han solicitado que los dos técnicos, que ya declararon como testigos, sean citados de nuevo en calidad de investigados.

En la declaración de uno de los interventores se apoyó Clavijo para recordar que Antonio Vera "reconoció en sede judicial que informaron a favor de la prórroga para garantizar el servicio" y que una hipotética caducidad habría "causado daños al Ayuntamiento". Desequilibrios entre las testificales y la prueba documental, a lo que se suma que la actual fiscal no era la responsable del caso entonces, que hacen más que probable que ambos técnicos tengan que volver a comparecer ante la jueza Celia Blanco.

 

Los reparos

Otro de los puntos más delicados que afectan a la actuación del candidato de CC al Gobierno de Canarias está relacionado con los reparos del interventor municipal que levantó cuando era alcalde. En este punto también descarga su responsabilidad en otras personas, como la directora del Área de Seguridad Ciudadana, cuya declaración como investigada también ha sido solicitada por las acusaciones populares, de quien dijo que sabía que su informe "se había basado" en el criterio de los dos catedráticos de la Universidad de La Laguna a los que se encargó un dictamen externo sobre el préstamo. El presidente mostró dudas sobre quién solicitó el trabajo a los expertos, aunque apuntó a la asesoría jurídica, y dijo no saber cuánto costó.

"Opté por levantar el reparo por el informe que me parecía más razonable para la continuidad de la prestación del servicio y para el interés general", manifestó el exalcalde durante su intervención judicial. Tampoco recordó si el interventor "interpuso reparos a la prórroga por dos veces", pero se escudó en que en ninguna de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que estuvo presente alertó de que se estuviera cometiendo una "ilegalidad grosera", como le preguntó su nuevo abogado.

"Se levantaron a la luz de los servicios técnicos y es algo normal en la vida de un ayuntamiento", repitió Clavijo, en un discurso de manual para todo político investigado por contradecir a los funcionarios encargados de fiscalizar las cuentas públicas. El presidente insistió en que los reparos se levantaron en la Junta de Gobierno Local, donde estaban presentes el propio interventor y el letrado del Consistorio, "que en ningún momento advirtieron de la comisión de alguna actuación contraria a derecho".

Para eludir el presunto delito de malversación por el que está imputado, Clavijo se basa en la rentabilidad de la operación. Pese a que el préstamo no sirvió para reflotar a la empresa, cuya deuda no dejó de crecer, el presidente autonómico mantiene que el coste fue nulo para el Consistorio y que se devolvió hasta el último céntimo con intereses en el plazo fijado. Un argumento que según la acusación popular, que no pudo preguntar por ello al negarse a contestar el exalcalde, se explica porque Autogrúas Poli SL dio prioridad a la devolución del dinero al Ayuntamiento, pese a que por ley está obligada a responder primero de los embargos que tenía pendientes en aquel momento.

Frente al éxito que proclama la versión oficial, una operación atípica e ilegal hecha a medida para favorecer a los propietarios de la concesión, como sostienen las acusaciones. Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta la jueza que instruye el caso Grúas, un procedimiento al que todavía le quedan más capítulos por escribir. La decisión de Anticorrupción de asumir la causa ha reforzado la posición de las acusaciones populares y ha puesto sobre la mesa la necesidad de practicar nuevas diligencias e interrogatorios.

Este miércoles pasará a la historia como el día en que un presidente autonómico acudió a un juzgado ordinario para declarar como imputado. Fernando Clavijo entró 105 minutos antes de tiempo, ese fue el único privilegio del que gozó, y salió como un ciudadano más casi seis horas después. Atrás quedan los días en los que luchó por mantener su aforamiento. Se despidió de los periodistas con una sonrisa en la boca; consciente de que tiene por delante una campaña electoral en la que tendrá que poner buena cara ante el vendaval judicial que azota su futuro.