El enfrentamiento entre la jueza y el perito vuelve a retrasar la investigación de la carretera gomera de 600 metros por 8,5 millones
La magistrada tarda casi medio año en negar al técnico judicial nueva documentación y le requiere “nuevamente y de forma inmediata” que se limite a analizar las certificaciones de obra que solicitó en su peritaje inicial
La jueza también rechaza la proposición de prueba de denunciantes para comparar el coste del proyecto con el de una vía vecina casi cuatro veces más larga y que costó casi dos millones menos
El retraso de la investigación judicial penal sobre ‘caso 600 metros’ [una carretera en San Sebastián de La Gomera de 585 metros que costó 8,5 millones de euros] se ha agravado por un desacuerdo entre la jueza de instrucción y el perito judicial en un asunto que afecta a una de las claves del caso: la modificación del proyecto de la carretera en 2007 porque, el año anterior, el proyecto original no había contemplado la construcción del Hospital de La Gomera…. pese a que ya habían empezado las obras.
El perito sí había logrado, con un informe previo, que la jueza requiriera al Cabildo de la Gomera para que presentase las certificaciones de obra con las que calcular si el sobrecoste inicial detectado de casi un millón de euros puede o no ser superior.
El expediente aportado por la corporación insular incluye nuevo material que generó suficientes dudas al perito como para requerir a la magistrada nueva documentación. En una providencia a la que ha tenido acceso mirametv.com, La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Gomera, María Lourdes Goya Ravelo, ha negado al perito la documentación para analizar este nuevo extremo y le exige, “nuevamente y de forma inmediata”, que se limite a analizar las certificaciones de obra para ver si el sobrecoste es superior al ya detectado en el proyecto modificado por el informe previo.
Aunque el nuevo peritaje estará disponible antes en aproximadamente un mes, este retraso en la investigación ha ocurrido mientras se sobrepasaban los tres años de plazo máximo de investigación desde que la magistrada declarara la ‘causa compleja’ y ocho, desde que la asociación ‘Movimiento Ciudadano contra la Corrupción’ presentase la denuncia en la que señalaba como máximo responsable al presidente del Cabildo y diputado canario Casimiro Curbelo (entonces del PSOE y ahora de ASG). Una instrucción judicial que, de acabar con imputación de delitos en un juicio oral, pondría en bandeja las “dilaciones indebidas” a los investigados.
Cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Gomera, María Lourdes Goya Ravelo, preguntó al perito judicial, Juan Jesús Cabrera Oliva, si “¿El proyecto de la obra ejecutada en la vía de acceso al Hospital de La Gomera [esa de menos de 600 metros que constó 8,5 millones] se adecua a lo construido?” respondió ‘a lo gallego’:
Depende.
¿De qué?
Pues depende de por qué le estén preguntando ya que, la pregunta, decía en primer informe pericial “tiene limitaciones” que impiden responder la forma más “precisa” posible ya que no es un (1) “proyecto de obra”, sino dos.
Aun así, el informe pericial (previo pero detallado durante sus 104 páginas) responde a la jueza que, si se refiere al primero, al proyecto inicial de 2006: no, “no existe concordancia entre ambas realidades”; y, si se refiere al segundo el proyecto modificado o de reforma de 2007: sí. Sí se adecua a lo construido pero… con unos “matices” que se traducen en casi un millón de euros de sobrecoste por lo que el perito subraya (literalmente) que la comparativa se hace sobre ese proyecto de reforma y no sobre las certificaciones de obra.
Con esa matización, el perito respondía a otra de las preguntas de la jueza: “¿El proyecto modificado responde a los precios de mercado? Indique si hay o no una excesiva valoración”.
No, no responden a los precios de mercado y sí, según el perito, sí hay una excesiva valoración en el presupuesto que es de casi un millón de euros de más… a la espera de analizar las certificaciones de obra.
El pasado mes de agosto, un mes después de este informe, la jueza encarga al perito que analice el sobrecoste en base a las “certificación final de obra”, en base a la necesidad expresada en una de las conclusiones del informe.
En septiembre, el perito judicial responde a la jueza solicitándole, no sólo la certificación final de obra a la que se refiere la titular del juzgado, sino también otros dos: “el anexo” del certificado final, pues es en este tipo de documento en el que se debe describir, con detalle, las modificaciones introducidas en la obra; y la “certificación de liquidación final de obra a origen”, el documento contable que debe incluir cada una de las partidas de gasto relacionadas con esas modificaciones en el presupuesto original. Un documento que ayudaría a profundizar en la respuesta a otra de las preguntas de que recoge el informe pericial previo: “¿Era necesaria la modificación del proyecto?”.
Lo era… pero porque el trazado de 2006 “convierte” el proyecto, por la fuerza de los hechos, en “inviable”.
La reforma de 2007 se aprovechó para “incorporar elementos constructivos que, a criterio de este perito judicial, son ajenos al proyecto objeto de vía del año 2006, que han hecho aumentar el presupuesto necesario para ejecutar formalmente la vía de acceso al hospital.
En el informe previo, al perito le resulta “llamativa” la comparación de trazados de la vía proyectada en marzo 2006 y la proyectada en el modificado de mayo 2007 ya que, no sólo pasa de los 748 metros de longitud a los 579 de rotonda a rotonda, sino que la segunda rotonda en el proyecto 2006 “de construirse ahora, se ubicaría sobre el actual edificio del hospital”.
De construirse ahora, y también entonces ya que, como se demuestra en el informe pericial con una ortofoto de grafcan.
En octubre, el perito judicial envía otro fax al juzgado porque la documentación y planos enviados por la jueza y aportados por el Cabildo le generaron nuevas dudas e insiste a la magistrada que, para terminar su peritaje, necesita esa documentación.
Pero no es hasta este mes de marzo de este 2019, casi medio año después del fax del perito judicial, que la jueza rechaza entregarle al perito la documentación argumentando que “el objeto de la pericial no versa sobre dos proyectos, como indica el sr. Cabrera (el perito), sino sobre el proyecto reformado de 2007” por lo que le requiere “nuevamente y de forma inmediata para que informe sobre el proyecto modificado/reformado, es decir, sobre el proyecto de 2007, si lo realmente ejecutado coincide con la certificación final de obra”.
Y ello pese a que la propia María Lourdes Goya Ravelo ya había considerado el proyecto de 2006 al incluir, como una de sus preguntas clave, si era necesaria su modificación.
Sin embargo, en su requerimiento, la jueza insiste en que el informe de prueba se centre en si la certificación final de obra coincide con la obra ejecutada “una pregunta a la que el perito no ha contestado”, señala en su providencia la titular del Juzgado “siendo esta, una pregunta clara y concisa”.
Llama la atención esta última consideración de la jueza ya que, en las preguntas enviadas por María Lourdes Goya Ravelo al perito y cuya respuesta conforman el informe pericial previo de julio de 2018, no sólo no preguntaba por las certificaciones de obra, sino que lo hacía sobre “el proyecto” pese a existir dos y con una falta de concisión que obligó al perito a matizar en cada una de sus extensas respuestas.
La jueza tampoco quiere comparar el coste de la vía con otra
La obra de acceso al hospital forma parte de un convenio firmado entre el Cabildo gomero y el Gobierno de Canarias en septiembre de 2002 para la construcción de dos vías.
En el acuerdo, el Ejecutivo autonómico se comprometía a ejecutar la vía de acceso al vecino núcleo de La Lomada, de más de dos kilómetros de longitud. Por su parte, el Cabildo gomero asumía los trabajos de la carretera al centro sanitario, que ha acabado con 585 metros.
En el documento se fijó la financiación: 5,2 millones de euros para cada una de las actuaciones. Es decir, tanto la obra de La Lomada como la del hospital fueron valoradas por un mismo precio en el convenio.
En el caso de la vía ejecutada por el Ejecutivo autonómico, el sobrecoste fue menor, ya que finalmente costó 6,8 millones de euros; es decir, aún con desvío presupuestario, casi dos millones de euros menos por una carretera, de características diferentes, pero con casi cuatro veces más recorrido que la que investiga la Justicia.
La investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera comenzó en el año 2011, cuando un particular, en la actualidad tesorero del recién creado Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, Alonso Trujillo, presentó una extensa denuncia.
El escrito original tiene como anexo un informe de un ingeniero en el que se advierte de una serie de presuntas irregularidades encaminadas a incrementar el coste de la obra en más de un 40%, frente al 11% detectado por el perito judicial en el informe pericial previo, a falta de analizar las certificaciones de obra.
El estudio técnico de la denuncia destaca que, si se toma como referencia el gasto final en ambas carreteras, los trabajos de La Lomada supusieron un desembolso 2,6 millones por kilómetro, mientras que el precio se disparó hasta los 14,7 millones en el caso del hospital.
Ambas carreteras fueron acometidas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que formaron Pedro Luis Darias SL, Áridos Herrera SL, Construcciones Darias SA y Promociones Ramón Arteaga Álvarez SL.
Es por ello que la asociación denunciante decidió insistir el pasado mes de noviembre suplicando al juzgado que librara oficio para solicitar el proyecto de la carretera de La Lomada.
La nueva propuesta de diligencia de prueba complementaria se realizó “con la finalidad de verificar y evaluar cuál es el coste real de la infraestructura viaria que da acceso al Hospital Insular” al considerarlo “imprescindible para determinar si hay o no hay sobreprecio, una presunta malversación o fraude”.
Sin embargo, cuatro meses después de la solicitud y coincidiendo con el requerimiento enviado al perito, la jueza responde que “no ha lugar a la prueba solicitada” porque “la presente causa no versa sobre distintos proyectos realizados en la isla de La Gomera”.
María Lourdes Goya Ravelo es la magistrada que archivó, en primera instancia, el ‘caso Telaraña’ contra el presidente del Cabildo gomero Casimiro Curbelo, archivado definitivamente por la Audiencia Provincial.
Así las cosas, tras el requerimiento de la titular del juzgado de Primera Instancia de Instrucción de La Gomera al perito para que, “de forma inmediata”, remita su informe definitivo es muy probable que, atendiendo al profuso análisis de los “matices” del informe previo, el nuevo estudio que se presente el próximo mes también se refiera a la nueva documentación y planos aportados por el Cabildo de La Gomera. Referencias a un material que ha generado dudas al técnico judicial pero, de momento, no a la jueza: María Luisa Goya Ravelo ha decidido rechazar la solicitud del perito para aclarar esas dudas solicitando nueva documentación a la corporación presidida por Casimiro Curbelo.