Más de 27.000 personas han muerto en Canarias esperando hasta una década por la prestación de Dependencia
Gana, después de morir, un juicio al Gobierno canario que le redujo el grado de Dependencia pese a estar en fase terminal
16.693 personas con dependencia reconocida murieron esperando por la prestación de Dependencia hasta una década y otras 10.591 fallecieron esperando a que el Gobierno tramitara su solicitud
¿Cuántas son 27.000 personas?
Cuando un número es lo suficientemente grande, no resulta tan redundante preguntar cuánto es ese número que ya conoces porque, en realidad, no preguntas por el número en sí, sino por su equivalencia representativa para intentar entenderlo.
Según se infiere de diferentes estudios de ramas de la neurociencia, Si lees que ‘más de 27.000 personas han muerto en Canarias esperando hasta una década por la prestación de Dependencia’, tu cerebro necesita preguntarse ‘cuántas son 27.000 personas’ y busca codificar el símbolo (27.000) en una representación analógica que te resulte familiar para lograr su comprensión:
Con 27.000 personas, sólo faltarían para llenar el estadio de Gran Canaria, las que le sobrarían al Heliodoro Rodríguez López después de haberlo abarrotado.
Son más de las personas que viven en el municipio de Candelaria (Tenerife), casi las de Agüimes o Ingenio, y más que las de Gáldar (Gran Canaria).
Serían más que las habitantes del municipio de La Oliva (Fuerteventura), casi doblarían la población de Santa Cruz de La Palma y serían casi la mitad de las personas que residen en Arrecife (Lanzarote).
Podrían ser todas las habitantes que tiene la isla de La Gomera, y aun así, sobrarían para habitar la mitad de El Hierro.
Podrían ser todas esas personas … si aún siguieran vivas .
16.693 personas murieron, con el grado de Dependencia reconocido, pero sin poder acceder a los servicios o prestaciones a las que tenían derecho y por la que estuvieron esperando años (incluso una década). Otras 10.591 personas fallecieron sin que ni siquiera se tramitara su solicitud… Son 27.284 que murieron mientras se encontraban en lo que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llaman el “limbo” de la Dependencia, en el que todavía sobreviven otras 21.940 personas.
El contexto también es un factor determinante.
Son historias de personas que no viven (o vivían) en una Comunidad Autónoma cualquiera, sino en aquella en la que el 19º dictamen del Observatorio de la Dependencia, que edita esta asociación, ha vuelto a situar a la cola del país en casi todos los indicadores analizados.
Además, Canarias es la segunda comunidad autónoma con peor tasa de personas desatendidas. No sólo por las 8.956 personas con grado de Dependencia reconocido que son (casi el 30% del total) sino porque, además, una de cada cuatro personas solicitantes espera por que se le reconozca el grado de dependencia. 12.984 personas, a 31 de diciembre de 2018.
Ese “limbo” en el que están 21.940 personas, según los datos del IMSERSO, es en el que también han muerto al menos de 27.284 personas en Canarias desde que se aplica la Ley de Dependencia, según los datos del Ejecutivo regional.
Otra cosa que sucede con los números suficientemente grandes es que, por mucho que esas 27.284 lleven al lado escrito “personas”, el cerebro las convierte en un conjunto (un grupo que meter, por ejemplo, en un municipio o en un estadio de fútbol) pero cuesta entender que la cifra es la suma de individuos, de ‘números 1’ que representan a quienes son tan personas como las que observan el número y, sin embargo, necesitas esforzarse para empatizar.
Por ejemplo:
No es lo mismo que este reportaje se titule ‘Más de 27.000 personas han muerto en Canarias esperando hasta una década por su prestación de Dependencia’ que se hubiera titulado: ‘Gana, después de morir, un juicio al Gobierno canario que le redujo el grado de Dependencia pese a estar en fase terminal’. En este segundo caso cuesta menos empatizar con la unidad para lograr así, entender su verdadero alcance y cuesta, todavía menos, si rescatamos su nombre:
Pero, para su comprensión, la historia de Madelyn (así se llama uno de estos números sin nombre) también debe contar con la referencia global y enmarcase en una de decenas de miles de historias similares sobre personas que mueren esperando por su Derecho a esa prestación, convertido en Ley, para ‘garantizar’ su cuidado…Por lo menos, en teoría.
Las personas fallecidas en el “limbo” de la Dependencia en Canarias. Son historias de unidades, de ‘números 1’ que pueden parecer indivisibles, al ser personas.
Pero, en esa Ley de Dependencia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado 15 días antes de las campanadas de 2007, se contemplaba por todo su articulado que las personas en situación de Dependencia, y quienes las cuidarían con la prestación que por Derecho les correspondía (sus “familias”), eran una unidad.
De hecho, una de los servicios y prestaciones que derivan del 'Programa Individual de Atención' (PIA) se llama “Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no Profesionales” (PECE).
Números ‘1’ que se suman a otros ‘1’ para alcanzar cifras como ese 10.591, el número de personas (de historias, conviene insistir, de personas) que fallecieron antes de que el Gobierno de Canarias tramitara su solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia.
Ninguno de esos ‘1’ es Madelyn. Son otras personas, con sus nombres propios, con los apellidos de sus familias, son miles de historias y, sólo unas pocas, a cuentagotas, llegan a los medios de comunicación; tan de vez en cuando, que no se termina de contar lo lleno que está el vaso. Según los datos facilitados por el Gobierno de Canarias, la media de tiempo que pasaron esperando estas personas para ser valoradas fue de 235 días, aunque cientos esperaron años y, al menos, un 'número 1' supera la década de espera y otras seis personas la rozan. Eso, pese a que el Decreto del Gobierno de Canarias 54/2008, de 25 de marzo de 2008 establece un "plazo máximo" de 90 días ("tres meses") para grado de Dependencia. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que forma el Observatorio de la Dependencia recuerda que la estadística deja claro que, el 80% de las personas que espera a ser valorada, termina con un grado de Dependencia reconocido... si vive para ello.
El 24 de junio de 2010, el año que acabó con 2.680 personas fallecidas sin que se les hubiera tramitado su expediente de solicitud de reconocimiento de Dependencia, Madelyn seguía sobreviviendo.
Un año, un mes, y seis días después de su solicitud de reconocimiento de Dependencia (presentada en el año 2009, ese que acabó con 1.954 personas fallecidas sin que se le tramitase su solicitud), la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias le reconoció a Madelyn el grado más alto de Dependencia ‘GRADO III, GRAN DEPENDENCIA’ [sic] con una puntuación global de 75 puntos.
Un grado que se valoró en el expediente de “carácter revisable” a partir del 19 de marzo de 2012, el año que finalizó con 4.709 personas fallecidas sin que siquiera hubieran sido valoradas.
Pero hay comunidades autónomas, como la de Canarias, en las que, si tienes la suerte de que te reconozcan el grado de dependencia, no significa quevayas cobrar la prestación o percibir el servicio al que tienes derecho por Ley y, aunque la legislación permite que se tramiten los expedientes de forma conjunta,… no se hace.
16.693 personas han fallecido desde el año 2007 con el grado de dependencia reconocido esperando a que el Gobierno de Canarias le tramitara el PIA.
Entre esas 16.693 personas está una de las historias que sí ha trascendido recientemente a los medios de comunicación
Pero como Madelyn, el hombre de 101 años del que habló el Diputado del Común Rafael Yanes, y que murió después de esperar por el pago de su prestación 352 días, es ‘solo’ un ‘número 1’.
Y de los últimos, si clasificamos los datos del Gobierno de Canarias ya no por días, sino por años de espera: Hasta una década con el grado de dependencia reconocido pero sin cobrar la prestación:
Personas detrás de los números con historias que cobran aún más relevancia si se tiene en cuenta que Yanes se refería sólo al caso concreto del hombre de 101 años, que estuvo esperando 352 días, cuando afirmó que “en muchos casos se multiplican por cuatro” los plazos legales para el pago de la prestación.
Según el artículo 12.3 del Decreto del Gobierno de Canarias 54/2008, de 25 de marzo de 2008, la Dirección General de Dependencia tiene un “plazo máximo de tres meses” para tramitar los expedientes: Tres meses para tramitar la solicitud de grado de Dependencia y, otros tres, para tramitar el ‘PIA’ con el que proceder al pago del servicio o la prestación que corresponda.
Es decir que, esos hasta 120 meses de espera (esa década), no multiplica hasta por cuatro (como en el caso del hombre de 101 años), sino hasta por 40 el tiempo legal que deberían haber esperado estas personas que fallecieron sin su Derecho.
Es agosto de 2017.
Faltan dos meses para que se reconozca este grado de Dependencia:
‘Sólo’ otro caso en el informe de denuncias recibidas por el Diputado del Común en 2018, el año que acabó, según los datos del IMSERSO, con otras 8.956 personas como este niño de 4 años con el grado de Dependencia reconocido; personas que, todavía vivas, esperan por la prestación de un grado reconocido.
Es lo que pasa a Madelyn este “muy cálido” mes de agosto de 2017:
Se cumple el mes número 86 (83 más de los legales) que llevan, ella y su familia, esperando por el Plan Individual de Atención (PIA) que conlleva recibir el dinero necesario para garantizar su cuidado.
Ha pasado también casi un año desde que Amaury, la pareja de Madelyn, solicitara a la Dirección General de Dependencia un “certificado de actos presuntos” con el que iniciar los trámites burocráticos para solicitar un abogado de oficio. Quieren llevar a los tribunales al Gobierno canario por incumplir la Ley de Dependencia en su caso.
Ha pasado, además, poco más de un mes desde que el 9 de julio Amaury presentara el impreso que acredita que tienen Derecho a la Justicia Gratuita ya que el sólo cobra 595 euros mensuales por un empleo a media jornada ya que se turna con su hija, Evelyn, para cuidar de Madelyn, a la que le han quedado 553 euros de pensión porque su enfermedad no le permite ejercer su profesión: “camarera de piso”.
Madelyn limpiaba en bares e incluso fue cocinera de un restaurante mientras convalidaba su título de enfermería, oficio que también ejerció, precisamente, cuidando de personas Dependientes, ya fuera en viviendas privadas o, incluso, en un Centro de Mayores de la isla… hasta que fue ella quien enfermó.
Una situación, la de este ‘número 1’ que simboliza en una tabla estadística a los miembros de esta familia de Los Realejos (Tenerife), que la convierte ya no en otro número, sino en parte de un porcentaje: el del 40,2 % de la población en Canarias en riesgo de pobreza o exclusión social.
Solo 1 mes y 23 días después de que Amaury solicitase la asistencia jurídica gratuita (y 1 mes y 9 días antes de que se la concedan), este 8 de agosto de 2017, la directora general de Dependencia ha firmado una resolución sobre Madelyn…
Pero no es su PIA:
Como le ocurre en más del 60% de los casos, según los propios datos del Gobierno canario, El grado de Madelyn ha sido revisado antes de que se resolviera su Plan Individual de Atención (sólo el 1% de los casos se revisa después). Ese máximo grado que tenía Madelyn reconocido a 24 de junio de 2010 (GRADO III, GRAN DEPENDENCIA con 75 puntos de valoración) de carácter revisado a partir el 19 de marzo de 2012, se ha revisado casi cinco años después de lo establecido. Pero Madelyn aun sobrevive... De las casi 2.000 personas fallecidas mientras se les revisaba el grado, casi 1500 estuvieron esperando años, incluso hasta una década.
El grado de Madelyn no se revisó para constatar un empeoramiento de la situación de Dependencia y acercarse a los 100 puntos de máxima, sino para rebajar los 75 puntos hasta dejarlos en 33, a sólo 8 puntos de la puntación más baja del grado más bajo de Dependencia, GRADO I DEPENDENCIA MODERADA [sic].
Esto hubiera sido conforme a la Ley de Dependencia si, como dispone su artículo 30.1, se hubiera hecho en base a la “mejoría de la situación de dependencia” o un “error de diagnóstico en la aplicación del correspondiente baremo” pero se argumenta en la resolución del Gobierno canario que la revisión es “consecuencia de la modificación de la situación de dependencia del solicitante”, sin especificar en qué se ha modificado dicha situación.
Una revisión el grado de Dependencia que una sentencia judicial dirá que se hizo de oficio y sin el “trámite de audiencia”, que es “esencial porque su falta podría determinar que se produjese la efectiva indefensión”, según la reiterada jurisprudencia (STS de 29 de marzo de 2017 Roj: STS 1286/2017 -ECLI: ES:TS:2017:1286).
Una revisión de oficio que, además, una sentencia dirá, que se hizo sin valoración del tribunal médico.
No es hasta más de tres meses después de la resolución del Gobierno de Canarias, el 17 de noviembre de 2017, que el informe de la trabajadora social de la propia Dirección General de Dependencia deja claro que “la solicitante presenta un deterioro físico grave, ha sido hospitalizada recientemente por empeoramiento de su salud. Se comprueba mediante documentos médicos que ha padecido dos tumores malignos, instalado uno en la médula ósea y otro en el fémur de la rodilla izquierda [...] La solicitante actualmente necesita ayuda para la realización de todas las actividades de la vida diaria, excepto para comer”.
Madelyn está entonces “pendiente de una cirugía compleja”, según esos informes médicos que no dejan lugar a dudas: “La situación es incapacitación para cualquiera de las actividades de la vida diaria. Precisa de ayudas y de silla de espera para traslados”.
Los informes son de 13 de septiembre y de 22 de junio de 2017, es decir, antes y después de la resolución del Gobierno para revisar el grado de dependencia, sin siquiera solicitar informes médicos, según asegurará la demanda...
Cinco días después del segundo informe médico, y dos meses y un día antes del informe de la trabajadora social, el 18 de septiembre de 2017, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias firma la resolución estimatoria de la Justicia Gratuita para Madelyn y nombra abogado del turno de oficio.
27 de Marzo de 2018.
Si tres meses eran el plazo máximo legal para la tramitación del PIA, tres meses fueron los que le faltaron a Madelyn y su familia para que se cumplieran los ocho años de espera por la aprobación de ‘su PIA’.
93 meses y tres días después de que le hubieran reconocido el máximo grado de dependencia (GRADO III, GRAN DEPENDENCIA), y 6 meses después que la Dirección General de Relaciones con la Justicia nombrara a su abogado de oficio, otra Dirección General del Gobierno canario, esta vez la de Dependencia , aprueba el PIA de Madelyn que debía haberse aprobado, como tarde, en septiembre de 2010.
Como aclaración, fuentes oficiales de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias han asegurado a Mírame TV que no existe un sistema de alertas con el que la Dirección General de Relaciones de la Justicia advierta a otras áreas del Gobierno del “certificado de actos presuntos” que hayan podido realizar y que adjuntan los solicitantes de Justicia Gratuita.
El PIA de Madelyn reconoce “el 100% de la cuantía máxima estipulada para Prestación Económica para cuidados en el entorno familiar”…
Pero de los 387,64 euros mensuales, se queda con 203,19 euros porque su marido recibe 184,45€ como complemento de Gran Invalidez en base a la Necesidad de Tercera Persona (NTP) contemplada en la Ley General de la Seguridad Social.
El PIA de Madelyn reconoce “la retroactividad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar”…
Pero se agarra al Real Decreto Ley 8/2010 de Zapatero de recortes públicos (germen de la reforma del artículo 135 de la Constitución que dio pie al 15-M) para suspender la retroactividad durante dos años, por lo que sólo reconoce a Madelyn la prestación desde noviembre de 2011.
Y sobre todo, el PIA de Madelyn, sólo reconoce hasta el día 21 de agosto de 2017, fecha en la que se notificó ese cambio de grado de Dependencia (de oficio, sin trámite de audiencia y sin informe médico) por lo que, pese a recibir 14.182,54 euros en lo que el informe reconoce como “atrasos” (de ocho años) dejará de cobrar más de 9.000 euros.
Menos de dos meses después, el 16 de mayo de 2018, el abogado de oficio de Madelyn presenta la demanda contra la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias y, el 16 de enero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentencia que “declara el derecho de la actora a una retroacción de las actuaciones, de manera que subsiste la obligación de resolver el PIA conforme a la primera declaración de discapacidad con retroacción de sus efectos al momento de la solicitud, declarando la nulidad de todo lo demás actuado”.
Dice la sentencia que “en cuanto la revisión de oficio, siendo una posibilidad de la administración, no está justificada en ninguna situación modificativa de mejora de la discapacidad, que ya tenía reconocida la beneficiaria. Por tanto la administración al aprobar el PIA el 27 de marzo de 2018 lo concedió conforme al nuevo grado de dependencia revisado a través de un expediente inválido, en cuanto no se basó en ninguna causa que justifique la disminución de la dependencia reconocida anteriormente, lo que además resultó totalmente inmotivado y debe llevar a la nulidad de la modificación de la Dependencia y de sus actos posteriores”.
La sentencia se notificó al abogado de oficio el 29 de enero y, cuando llamó a la familia para darle la 'buena' noticia…
Después de varios años pleiteando con la Dirección Gnral de Dependencia, nos acaban de notificar la sentencia favorable. Al llamar al cliente para comunicárselo nos hemos enterado que falleció ayer. ¡Cuántos dependientes canarios no habrán pasado por lo mismo! Es muy triste pic.twitter.com/CJFXfssqRk
— Prisma Jurídico (@asesoresprisma) 29 de enero de 2019
Madelyn (la mujer de Amaury, la madre de Evelyn…) pasó a ser para la estadística, un ‘1’ que se suma a los 27.284 ‘números 1’ que representan las personas que han fallecido sin percibir su Derecho a la “Prestación Económica para Cuidados en el Entorno familiar” y, en concreto, a los 16.663 ‘números 1’ que representan a las personas fallecidas con el grado de Dependencia reconocido sin cobrar (parte de) la prestación porque su PIA es, por sentencia del TSJC, nulo y las actuaciones se retrotraen hasta el momento en el que se reconoció el grado más alto de Dependencia.
La Dirección General de Dependencia ha asegurado a Mírame TV que procederán en las próximas semanas al cumplimiento de esta sentencia y reconocerán a la familia de Madelyn los “más de 9.000 euros restantes”. [ACTUALIZACIÓN: Aunque la diirectora general admite que no está en el expediente enviado al juzgado, reconoce que la visita para la revisión de oficio se hizo en 2014 y que no fue hasta tres años después que se decidió resolver, sin comprobar si la situación había cambiado y sin responder al recurso presentado]
Según reconoció la, desde agosto de 2018, nueva directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Eulalia García, cuando fallece la persona solicitante de la prestación, “con independencia de si ha obtenido una prestación económica o servicio, se emite una resolución con la que se archiva el expediente”. Es decir, que según aclaró, los 27.284 expedientes de las personas fallecidas que forman parte de los gráficos, y no denunciaron, están “cerrados y archivados” y por tanto “han finalizado”. Un Derecho que han perdido sus familias pese a que les correspondía.
La Directora General de Dependencia explicó a Mírame TV que, aunque la mayoría de las familias de esas más de 27.000 personas ya no puedan disfrutar de su Derecho, espera que lo puedan hacer aquellas cuyos casos no hayan archivado y no hayan sido denunciados en los tribunales, pues son varias sentencias tanto dentro como fuera de Canarias, que reconocen el Derecho a las familias.
Pero, para que el Gobierno de Canarias empiece a 'interpretar bien' la ley sin necesidad de sentencias en su contra, debe entrar en vigor otra:
La Ley de Servicios Sociales de Canarias que, además, debe incluir las disposiciones que han propuesto añadir, a última hora.
Un trámite parlamentario que se realiza in extremis para intentar aprobarla en el último pleno del Parlamento de Canarias de la legislatura, que se celebra el 26 y 27 de este mes. [ACTUALIZACIÓN: La directora general de Dependencia ha asegurado a Mírame TV que no se incluirá la disposición para reconocer el Derecho de las familias de las personas fallecidas en la Ley Canaria de Servicios Sociales porque se ha optado por derogar el Decreto que sólo reconocía el Derecho a los herederos de aquellas personas con el Plan Individual de Atención resuelto]
La Ley de Servicios Sociales de Canarias es una promesa del Gobierno desde el inicio de la legislatura. Seis meses era el plazo prometido para aprobarla en julio de 2015 (como los ‘tres más tres’ que tenía el Gobierno para resolver expedientes de personas dependientes que se han alargado hasta una década).
Pero, no fue hasta finales de 2017 que el Gobierno presentó un texto que, entre otros asuntos, carecía de ficha financiera. Aun así, la directora general reconoce que las disposiciones que han propuesto para Ley de Servicios Sociales servirán de poco si no se cumplen con los plazos establecidos.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales espera que lo que llaman “crueldad” del Gobierno de Canarias con las personas dependientes desde 2007, no se convierta en una "canallada" con nuevas promesas vacías en forma de medida electoralista:
Este jueves, a partir de las 21:00, las tres formaciones políticas que han tenido responsabilidad, regional y estatal, en la aplicación de la Ley de Dependencia durante sus casi 13 años de vida debatirán en Mírame TV.
Cristina Valido, la consejera de Políticas Sociales reprobada precisamente por la gestión de la Dependencia, ha excusado su participación en diferentes fechas por motivos de agenda públicos, privados, y de partido. En su lugar, estará en plató la actual directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Eulalia García.
Ante la falta de Valido, la exconsejera de Políticas Sociales ( junio 2015-diciembre 2016), Patricia Hernández (PSOE), también ha declinado la invitación por lo acompañarán, a la directora general, las portavoces parlamentarias de Dependencia del PSOE y del PP, Teresa Cruz Oval y Pepa Luzardo, respectivamente.
Este jueves, a partir de las 21 horas en 'El Programa de Manuel Artiles', Las tres formaciones políticas responsables de la aplicación de la Ley de Dependencia, a nivel estatal y regional, desde su aprobación en diciembre de 2006. Casi 13 años en los que el "limbo" de la Dependencia en Canarias no ha dejado de crecer: