El mapa de la corrupción en Tenerife
Nueve exalcaldes han sido condenados en la isla por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y prevaricación / Siete dirigentes locales se encuentran a la espera de sentencia o de la celebración de un juicio / CC y PSOE son los partidos con más políticos procesados
Canarias es una de las comunidades de España más golpeadas por el martillo de la corrupción. Todos los indicadores del Consejo General del Poder Judicial sitúan al Archipiélago como una de las regiones con mayor número de políticos procesados, lo que tiene un especial impacto en las islas capitalinas.
Tenerife se ha convertido durante años en un terreno abonado para delitos contra la ordenación del territorio, así como otros relacionados con la prevaricación y la malversación de fondos públicos, según demuestra la senda que dejan tras de sí los distintos procedimientos penales que, a una velocidad más lenta de lo deseable, dibujan el mapa judicial de una isla donde, con poco más de 900.000 habitantes, los datos hablan por sí solos.
Nueve exalcaldes han sido condenados en los últimos años por delitos vinculados con la corrupción. Otros siete dirigentes están a la espera de conocer su sentencia o de la celebración del juicio, mientras que 12 se encuentran investigados por los juzgados de la isla. Solo diez de los 31 municipios pueden presumir de haber esquivado el mazo de la Justicia.
Una lista con 28 nombres propios de la política insular. Por formaciones, más de la mitad, un total de 15, pertenecían a Coalición Canaria u otros partidos aliados con los nacionalistas en el momento de los hechos investigados. Nueve formaban parte del PSOE y los cuatro restantes tenían el carné del PP. Este es el mapa de la corrupción en Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife: El exalcalde Miguel Zerolo (Coalición Canaria) fue condenado a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en 2014. El también exsenador, exdiputado autonómico y exconsejero del Gobierno de Canarias propició, al levantar los decretos del interventor, que la reforma del Instituto Hermanos García Cabrera pasase como una obra menor, lo que permitió su adjudicación a dedo a la empresa IMES, pese a que su coste superó los seis millones de euros.
Miguel Zerolo también ha sido condenado a siete años de cárcel y a 17 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, y a otros ocho años de inhabilitación especial para un cargo de ámbito local por prevaricación, en la sentencia del caso Las Teresitas. El Tribunal Supremo deliberó este miércoles los recursos de casación presentados por los condenados, por lo que el fallo definitivo de uno de los mayores casos de corrupción de Canarias se conocerá en las próximas semanas. En los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial se describe con detalle la compraventa de los terrenos del frente de la principal playa de la capital tinerfeña, parte de los cuales ya eran de titularidad pública, por un precio casi tres veces superior a su valor real.
La Victoria de Acentejo: El exalcalde Manuel Correa (PSOE) fue condenado en 2016 a cinco meses de prisión y seis años de inhabilitación especial para ocupar cargo público por prevaricación urbanística. El dirigente socialista, en el conocido como caso Palenzuela, a pesar de la existencia de informes técnicos negativos, concedió la licencia para la construcción, y posterior modificación, de un edificio de catorce plantas que incumplía la normativa urbanística.
El panorama judicial del Ayuntamiento de La Victoria también afecta al actual alcalde, Haroldo Martín (Coalición Canaria) y al exalcalde Fermín Correa (PP). Ambos están pendientes de la celebración del juicio por el que se sentarán en el banquillo acusados de un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación especial para cada uno por contratar a dedo a personas afines en el Consistorio sin respetar la legislación vigente.
La Orotava: Otro histórico político de Coalición Canaria condenado. El exalcalde Isaac Valencia fue considerado responsable de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en el marco del caso El Trompo. La Audiencia Provincial redujo en 2017 las penas iniciales, por lo que el dirigente nacionalista fue finalmente castigado a seis meses de cárcel y a siete años de inhabilitación especial para cargo público. La construcción del centro comercial El Trompo, promovido por el empresario Ambrosio Jiménez, también condenado, se llevó a cabo en contra de las disposiciones del PGO municipal, lo que conocía Isaac Valencia.
El actual alcalde, Francisco Linares (Coalición Canaria), también se encuentra investigado en una causa distinta, junto al propio Isaac Valencia y a otros concejales, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del servicio municipal de grúas de La Orotava en 2010 a la empresa VVO, que se llevó a cabo sin publicidad, a pesar de las reiteradas advertencias del interventor y del secretario.
Icod de los Vinos: Un acuerdo extrajudicial, el mismo día del inicio del juicio, llevó al exalcalde Juan José Dorta (PSOE) y a un nutrido grupo de concejales socialistas a declararse culpables en 2016 de delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística. La sentencia de conformidad fijó unas penas de un año de cárcel y 12 años de inhabilitación para el histórico dirigente del norte de Tenerife. En el fallo se da por probado que el Ayuntamiento realizó la adjudicación ilegal de numerosas obras, servicios y suministros a unas pocas empresas, contrató personal a dedo sin justificación y concedió licencias urbanísticas con numerosos informes técnicos en contra.
Garachico: La historia de Ramón Miranda, exalcalde de Coalición Canaria, merece una mención especial. El dirigente nacionalista también se declaró culpable el mismo día del inicio de su juicio para lograr, mediante una sentencia por conformidad, una rebaja en las penas que inicialmente le reclamaba la Fiscalía. El también exdirector general del Gobierno de Canarias se sentó en el banquillo el tiempo justo que tardó el juez en leer el fallo, por el que asumía una condena de un año de cárcel y tres años de inhabilitación especial por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En la sentencia quedó probado que el exalcalde desvió más de 6.000 euros de una residencia de personas mayores, de titularidad municipal, para hacer frente a una condena personal por vulnerar el derecho al honor de un empresario. Su estrategia para declararse culpable siempre se enfocó en rebajar las penas para eludir la entrada en la cárcel, lo que evitó al no tener antecedentes penales, y mantener vivas las opciones de presentarse a las próximas elecciones de mayo de 2019. Aunque la inhabilitación se cumple en junio, Ramón Miranda no descarta concurrir a los comicios, aunque sea de forma indirecta. Ya ha formado un nuevo partido político, llamado Agara, y en los últimos días ha abierto negociaciones para cerrar una alianza electoral con el PP.
El exalcalde de Garachico también tiene otro frente judicial abierto, por el que se encuentra investigado. La Justicia tiene el punto de mira en una serie de contrataciones que se llevaron a cabo por parte del exdirigente nacionalista sin respetar, presuntamente, los principios de legalidad establecidos por la normativa vigente.
Santiago del Teide: El exalcalde Juan Gorrín, en la actualidad en el PP pero condenado por unos hechos ocurridos cuando sostenía el bastón de mando en nombre de Coalición Canaria, ha sido recientemente castigado en primera instancia a un año y seis meses de cárcel y cinco años de inhabilitación especial para cargo público. La jueza ha considerado al exdirigente nacionalista responsable de delitos de homicidio imprudente y prevaricación por omisión, al no cerrar la playa de Los Guíos pese a ser consciente del peligro que suponía para la seguridad de los bañistas el estado de uno de los taludes. El 1 de noviembre de 2009, dos mujeres perdieron la vida por el trágico desprendimiento que se produjo en la concurrida playa del sur de Tenerife.
Arona: Uno de los exalcaldes que ha dejado un mayor legado de corrupción a su paso por un ayuntamiento tiene su residencia en el sur de Tenerife. José Alberto González Reverón (Coalición Canaria) fue condenado por primera vez en 2012 a cuatro años y medio de inhabilitación por prevaricar en el conocido como caso Enchufe, abierto por la contratación a dedo de dos trabajadoras afines. Esto fue solo un aperitivo de lo que ocurriría unos años después.
En marzo de 2016, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a González Reverón a otros siete años de inhabilitación especial por una de las piezas separadas del caso Arona. La sentencia recrimina que el exalcalde nacionalista permitiese las obras ilegales de un hotel en primera línea de playa, donde luego disfrutaba de habitaciones gratis.
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la pieza principal del caso Arona, un entramado de corrupción por el que se concedieron más de cien licencias urbanísticas ilegales. González Reverón fue condenado a 17 años de inhabilitación por una cascada de delitos continuados de prevaricación. Otro exconcejal, Félix Sierra (PP), fue enviado a la cárcel, junto a dos técnicos municipales, por cobrar sobornos relacionados con la concesión de los permisos ilegales.
La historia judicial del tercer municipio en población de Tenerife aún no ha escrito su punto final. El llamado caso Arona 2, que investiga la concesión de licencia ilegales después del año 2007 y la aprobación irregular del PGO, se encuentra en fase de procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral, a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación y de que la Audiencia Provincial resuelva algunos recursos pendientes de los investigados, entre los que se encuentra el propio González Reverón y el actual candidato de Coalición Canaria para las próximas elecciones de mayo, el consejero del Cabido Antonio García Marichal.
Candelaria: La justicia también acabó con la carrera política de otro peso pesado del socialismo tinerfeño. El exalcalde de Candelaria José Gumersindo García (PSOE) fue condenado en 2016 a tres años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia considera probado que el exdirigente socialista y su concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, adjudicaron a dedo las obras de reforma del campo de fútbol de Barranco Hondo a la empresa Promotora Puntalarga, propiedad del empresario Antonio Plasencia, afincado en el municipio, cuando por su cuantía tenían que haber salido a concurso.
La gestión de García fue objeto de numerosas denuncias por parte de la oposición, varias de las cuales han terminado archivadas, mientras que otras continúan en fase de instrucción. En diligencias previas se encuentra también el procedimiento abierto por los vertidos ilegales de aguas contaminantes en el polígono industrial de Güímar, donde están imputados la actual alcaldesa, Mari Brito (PSOE), y el propio García.
El Rosario: Dos condenas casi simultáneas jubilaron antes de tiempo al exalcalde Macario Benítez (PSOE). En 2015, la sentencia del caso Varadero condenó al exdirigente socialista a siete años de inhabilitación especial por permitir la construcción de un gran complejo de viviendas y apartamentos en un suelo protegido, aunque finalmente la urbanización fue evitada por los tribunales. Semanas después del fallo judicial, el histórico político decidió declararse culpable en otra causa a la que tenía que enfrentarse. De esta forma, asumió una segunda pena de cinco años de inhabilitación por la contratación a dedo de un total de 145 personas en el Ayuntamiento.
Santa Úrsula: Pendiente de sentencia se encuentra la exalcaldesa Milagros Pérez (PP), después de que a principios de febrero se sentase en el banquillo, junto al concejal del PSOE Víctor Hernández, acusada de un delito continuado de prevaricación, por el que la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación especial. Durante la vista oral quedó acreditado que el Ayuntamiento llevó a cabo la contratación de una veintena de personas, la mayoría con afinidad política o personal, sin respetar los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
En los juzgados tinerfeños también figura como investigado otro exalcalde de Santa Úrsula, Ricardo García (AISU-CC), imputado junto a otros concejales por la concesión de permisos urbanísticos ilegales en la última fase de la urbanización de La Quinta.
Puerto de la Cruz: Con juicio oral abierto, a la espera de que el juzgado señale la fecha de la vista, pasa los meses previos a las elecciones el actual alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso (PP). La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife le pide una pena de inhabilitación de nueve años y tres meses para ocupar el cargo de concejal por presunta prevaricación al autorizar mercadillos municipales sin respetar el procedimiento administrativo reglado. El PP ya ha anunciado que, además de intentar revalidar la alcaldía en mayo de 2019, Lope Afonso será también candidato a la presidencia del Cabildo insular.
San Juan de la Rambla: En idéntica situación a Lope Afonso se encuentra otra política respaldada por su partido pese a su situación procesal, Fidela Velázquez (PSOE), alcaldesa de San Juan de la Rambla. A la espera de que se señale la fecha del juicio, la dirigente socialista ya conoce la petición de la Fiscalía: 10 años de inhabilitación especial para cargo público por presuntos delitos de prevaricación. El Ministerio Público sostiene la acusación de que Velázquez actuó de forma delictiva al abonar una indemnización prescrita a un aparcero y al pagar gratificaciones sin justificar a personal del Ayuntamiento. El PSOE ha decidido dar su apoyo a la actual alcaldesa, que repetirá como cabeza de cartel en mayo.
Buenavista del Norte: También está a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados otro destacado socialista, el exalcalde de Buenavista del Norte y actual vicepresidente del Cabido insular, Aurelio Abreu (PSOE). La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para el exdirigente municipal por adjudicar a dedo, cuando tenía que haber salido a concurso público, un contrato de 270.000 euros a la empresa de otro militante socialista, el arquitecto Ramiro Cuende.
Granadilla: Otra causa que lleva años en los juzgados y que ya se encuentra en fase de procedimiento abreviado, se espera que la Fiscalía presente escrito de acusación en próximas fechas, tiene en el centro de la diana al exalcalde Jaime González Cejas (PSOE). El Ministerio Público considera que existen indicios delictivos en una serie de cuestiones urbanísticas que también afectan a otros concejales socialistas del mandato 2003-2007. Una moción de censura, sostenida por las sospechas de corrupción, apeó a Cejas en 2016 de la alcaldía, que ahora ocupa Coalición Canaria.
La Laguna: Son varios los exalcaldes que en estos momentos están siendo investigados en los juzgados tinerfeños, pero si hay un nombre que destaca por encima del resto, después de la noticia conocida este pasado miércoles, es el de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El actual presidente de Canarias ha sido citado a declarar por su actuación como alcalde de Aguere en el marco del expediente del caso Grúas. Tras caer su aforamiento con el nuevo Estatuto de Autonomía, el líder de los nacionalistas canarios tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna para explicar por qué avaló la prórroga del contrato y la concesión de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio de retirada de vehículos, en aquel momento al borde de la quiebra. En el procedimiento también se encuentra investigado el actual alcalde, José Alberto Díaz (Coalición Canaria).
Tacoronte: Más de cuatro años lleva en los juzgados la causa por la que está imputado el actual alcalde, Álvaro Dávila (Coalición Canaria). A raíz de una querella del PP y de otra de una exinterventora municipal, el dirigente nacionalista declaró como investigado por el pago de sobresueldos a cargos de confianza, adjudicaciones presuntamente ilegales a empresas afines a su partido político y, especialmente, los casi 200 reparos de la Intervención que el alcalde obvió durante el ejercicio 2012. Pese a su situación procesal, la cara de Dávila volverá a ocupar los carteles electorales de Coalición Canaria en Tacoronte.
El Sauzal: Otro candidato con un ojo puesto en los juzgados es Mariano Pérez (CC). El alcalde de El Sauzal fue denunciado en cuatro ocasiones durante el pasado mandato por el PP. Aunque tres de las acusaciones pincharon en hueso y fueron archivadas, una cuarta ha provocado la apertura de diligencias previas, en las que figura como investigado el dirigente nacionalista por cuestiones de carácter urbanístico.
El Tanque: La guerra abierta en el Ayuntamiento de El Tanque entre Coalición Canaria y PSOE acabó con dos alcaldes investigados por la Justicia. Tanto Faustino Alegría, candidato nacionalista, como Román Martín, cabeza de cartel del PSOE y actual alcalde, volverán a enfrentarse en las urnas sin tener resueltas sus cuentas pendientes con los tribunales. La última causa de la que se ha tenido conocimiento se produjo a raíz de una denuncia de la Fiscalía en 2017 contra Román Martín, después de tomar testimonio a un exarquitecto municipal que puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de presuntas ilegalidades urbanísticas relacionadas con la apertura del centro de día y la residencia de mayores del municipio.
Tegueste: Son varias las actuaciones del Ayuntamiento de Tegueste que han sido denunciadas por la Fiscalía. La última, que afecta al actual alcalde, José Manuel Molina (Coalición Canaria), que ya ha anunciado que no se va a presentar a los próximos comicios, se produjo en 2016, cuando el Ministerio Público llevó a los juzgados la compra de un local y un centro de transformación donde aprecia indicios de malversación, al ser adquiridos a un precio presuntamente superior al real.
Güímar: Además del tiempo que ha pasado en platós televisivos, la alcaldesa de Güímar, Luisa Castro (PP), también ha tenido que desviar parte de su agenda para declarar en calidad de investigada en los juzgados tinerfeños. La Fiscalía ve indicios de delito en los reparos levantados por la dirigente conservadora en los años 2014 y 2015, vinculados con suministros y obras. También ha sido interrogada por favorecer, presuntamente, a varios miembros de la Policía Local. A todo ello se suma que Luisa Castro está imputada por los vertidos ilegales en el polígono industrial.
Arafo: Junto a las alcaldesas de Güímar y de Candelaria, el máximo responsable del Ayuntamiento de Arafo, José Juan Lemes (AIA-CC), tiene colgada la etiqueta de investigado por permitir los vertidos contaminantes que, sin autorización administrativa, se llevaron a cabo durante años en el polígono industrial de Güímar.