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La funcionaria que descartó expedientar al director de una escuela infantil despachó en tres folios una investigación que duró seis meses

El informe de una jefa de Servicio en el que se basa la Consejería de Políticas Sociales para perdonar las irregularidades del marido de la secretaria de Organización de CC no aclara todas las presuntas infracciones advertidas por otro técnico / El escrito admite que el responsable del centro cobró cuotas en efectivo y solo hizo el ingreso del dinero en la Agencia Tributaria cuando se detectaron las anomalías / La instructora concluye que no existen indicios razonables para abrir un expediente disciplinario

 

Las actuaciones previas en las que se basó la Consejería de Políticas Sociales de Canarias para descartar la apertura de un expediente sancionador al director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, tras las irregularidades detectadas por un técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia, culminaron en un informe de tres folios elaborado por una funcionaria del mismo órgano administrativo. En la propuesta, elevada el 25 de septiembre por la jefa de Servicio encargada de la instrucción, después de una investigación que se desarrolló entre marzo y septiembre de 2018, se concluye que no existen indicios razonables para incoar un expediente disciplinario contra el máximo responsable del centro, ubicado en Santa Cruz de La Palma, pese a que en el escrito, al que ha tenido acceso mirametv.com, no se resuelven todas las dudas abiertas a raíz de las presuntas infracciones detectadas.

Durante la investigación previa, la jefa de Servicio interrogó solo a dos personas, el director del centro, marido de la secretaria de Organización de Coalición Canaria y diputada autonómica, Guadalupe González Taño, y el técnico que alertó por escrito de las irregularidades, a la sazón coordinador de las escuelas infantiles, cuya opinión no se refleja en el informe de la funcionaria. Las actuaciones previas se basaron en aclarar dos de las anomalías detectadas: el cobro en mano de la primera mensualidad del curso 2017/2018 y la modificación injustificada de cuotas.

La instructora, que se desplazó a La Palma para entrevistarse con el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, reconoce en su informe que "es cierto que ocasiones admite haber recogido el dinero de la cuota a los usuarios y después hacer el correspondiente ingreso a través del modelo 800 en su nombre, con el ánimo de facilitarles la tarea a los mismos". Algunas de las madres que han presentado quejas ante la Consejería de Políticas Sociales, a las que no se preguntó durante la investigación, niegan que existiese esa supuesta buena fe y aseguran que fueron obligados al pago en efectivo. La funcionaria concluye que "está claro que se trata de una práctica del todo inadecuada que no debe seguirse llevando a cabo, y así se le indica", a lo que añade que, "no obstante, y sin perjuicio de lo anterior, consta efectivamente el justificante del pago de las cuotas cuestionadas".

El informe de la funcionaria desvela que los ingresos de las cuotas que se pagaron en efectivo "fueron hechos en los meses de enero y abril de 2018", es decir, el director de la escuela infantil corrigió su actuación después de que un técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia le advirtiera de las irregularidades que había cometido e, incluso, posteriormente a que se abriera el informe reservado que descartó la apertura de una procedimiento sancionador.

La jefa de Servicio encargada de la instrucción tampoco aclara en su propuesta a qué años corresponden las cuotas que se ingresaron en la Agencia Tributaria Canaria, aunque existe constancia de que el director de la escuela infantil realizó cobros en mano, al menos, durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018, como tampoco si corresponden a todos los usuarios que pagaron en efectivo o solo a los que presentaron quejas. Si el máximo responsable del centro también ingresó las mensualidades que percibió en efectivo en septiembre de 2016, cosa que no se menciona en el informe, lo hizo entonces más de un año y medio después de haber pedido el dinero a los usuarios. Aunque en el escrito elevado por la funcionaria se afirma que se acompañan los justificantes de los pagos, a día de hoy los padres afectados no han recibido documento alguno que acredite los ingresos.

A pesar de que la encargada del expediente de información reservada da por válidas las explicaciones del director del centro San Miguel Arcángel, se muestra incapaz de contrastar la versión de los hechos que el máximo responsable de la escuela infantil ofreció en las dos ocasiones en las que, durante el mes de enero de 2018, fue interrogado por el técnico que alertó por escrito de las irregularidades. "Todo lo que se refiere en el informe del Servicio, en relación a un pago realizado a Hacienda y una posterior devolución de las cantidades, es imposible de verificar por esta instructora", concluye en su propuesta.

 

Documentos manipulados

La funcionaria que descartó la apertura de un procedimiento disciplinario tampoco se pronuncia sobre uno de los hechos que más llamaron la atención al técnico que llevó a cabo la primera investigación previa, cuyo informe fue rechazado, según la consejera Cristina Valido, por ser "insuficiente", pese a que realizó un mayor número de diligencias que la responsable del expediente reservado. La funcionaria guarda silencio en su propuesta sobre el hecho acreditado de que el director de la escuela infantil hizo pasar como documentos oficiales, para justificar los cobros en efectivo, recibos que dejaron de usarse en 2013 y que incluso llegó a manipular al incorporar la inscripción "curso 2017/2018" para simular su validez. Esta anomalía también fue denunciada por el el coordinador de las escuelas infantiles en su escrito.

Otra de las cuestiones denunciadas por los usuarios afectados, a los que no tomó testimonio la instructora durante las actuaciones previas, es el trato humillante que, en ocasiones, han sufrido por parte del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel. Es el caso de una madre que fue amenazada por negarse a abonar una cuota de la que, como finalmente se demostró, estaba exenta. El máximo responsable del centro llegó a elaborar un documento escrito en el que advertía a la familia de que, de no hacer los pagos, perderían la plaza de su hija durante el presente año y el curso siguiente. A pesar de no tener potestad para realizar este tipo de comunicaciones o, mucho menos, para decidir la expulsión de una alumna, esta incidencia tampoco fue analizada por la funcionaria que decidió que no había indicios razonables para abrir un expediente sancionador.

También ha quedado acreditado que el director del centro entregaba la documentación de los usuarios fuera del plazo habitual, los meses de junio y julio. Cuando los hechos fueron denunciados por los padres, ya en noviembre de 2018, no constaba ningún expediente de la escuela infantil San Miguel Arcángel en la Dirección General de Protección a la Infancia. Incluso, al ser solicitados por el técnico que elaboró el primero informe, solo se remitió una parte, mientras que el resto, precisamente los correspondientes a madres que habían presentado quejas, no fueron entregados en un primer momento. Tampoco da respuesta la jefa de Servicio a esta anomalía, advertida por el coordinador de las escuelas infantiles en su informe, aunque sí se recoge en la primera hoja de la propuesta de la instructora, donde se hace un resumen de los hechos.

En la primera página del informe también se hace mención a la existencia de un "informe del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores de diciembre de 2014 comunicando incidencias en relación a la escuela infantil San Miguel Arcángel que pueden tener similitudes con las actuales", pero tampoco se incluye en la propuesta de la instructora una aclaración o análisis de las irregularidades detectadas en la anterior legislatura.

A lo que sí da respuesta con mayor profundidad la jefa de servicio en su informe de tres folios, cuya primera hoja se dedica a los antecedentes de los hechos, es al aumento injustificado del precio público que el director impuso a algunos de los usuarios de la escuela infantil. La funcionaria concluye que existen "determinadas incoherencias en el sistema de cálculo de cuotas (de lo cual resulta no sólo un cálculo inadecuado al alza de las cuotas, sino que en ocasiones puede dar lugar a lo contrario)". Esta afirmación es la que ha llevado a la Consejería de Políticas Sociales a defender en distintas ocasiones que las contradicciones se debieron a meros "errores". En todos los casos que fueron objeto de queja por parte de los usuarios y que pudo comprobar el coordinador de las escuelas infantiles se detectaron incrementos que perjudicaban a las familias.

La autora del informe concluye en su propuesta que "si bien sí se observan malos hábitos en la gestión de la escuela que deben ser corregidos de inmediato (...) no procedería la incoación de expediente disciplinario, no obstante lo cual sí se aprecia la necesidad de establecer claramente directrices para determinadas cuestiones, entre ellas el cálculo de cuotas, entendiendo que procedería una actualización de la normativa, así como establecer una clara supervisión de los centros, exigiendo en este caso un mayor celo en las actuaciones que llevan a cabo".

La única referencia jurídica que se menciona en el informe está relacionada con una sentencia del Tribunal Constitucional (76/1990) en la que se alude a principios generales sobre la presunción de inocencia, en el marco de un recurso de un grupo de senadores del PP por la supuesta inconstitucionalidad de una norma sobre infracciones tributarias. La instructora recuerda que "para proponer la incoación de un expediente disciplinario deben existir indicios razonables de que se haya incurrido en alguna de las faltas tipificadas en la normativa, toda vez que la presunción de inocencia que sanciona y consagra el artículo 24.2 de la Constitución se constituye como un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos".

Las explicaciones aportadas por la consejera Cristina Valido en la última comisión parlamentaria, basadas en el informe de la instructora, no convencieron ni a los grupos proponentes (PP y PSOE) ni a los padres y madres que se han organizado para lograr que se depuren responsabilidades por las irregularidades del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel. No se descarta que en próximas fechas se lleven a cabo nuevas acciones, incluidas algunas de carácter legal.