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El juzgado que investiga a Ricardo Melchior retomará en marzo el interrogatorio al exdirector de Puertos

La jueza suspendió en julio la declaración de José Rafael Díaz tras presentar el denunciante numerosa documentación sobre la gestión del expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife / En la causa también figuran como imputadas dos trabajadoras de la entidad
 

Ocho meses después de su primera declaración en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, exdirector general de la Autoridad Portuaria, volverá a prestar testimonio en el marco de las diligencias abiertas para investigar la gestión de Ricardo Melchior al frente de Puertos de Tenerife. El primer interrogatorio al denunciante de la causa, que fue suspendido el 24 de julio de 2018 después de que se aportara numerosa documentación al procedimiento, se reanudará el próximo 19 de marzo, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso mirametv.com.

La jueza que investiga a Ricardo Melchior, en una causa en la que también figuran como imputadas la que fuera su secretaria en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la directora de Recursos Humanos de la entidad, dictó el pasado mes de diciembre una providencia en la que acuerda la personación del exdirector general de Puertos como acusación particular y, "a la vista del estado de las presentes diligencias previas", señala la continuación de la declaración del denunciante para el próximo 19 de marzo.

Ricardo Melchior se encuentra en la actualidad acorralado por dos frentes judiciales que investigan su gestión como presidente de la Autoridad Portuaria, cargó que ocupó entre octubre de 2015 y julio de 2018. Por un lado, se enfrenta a las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife a raíz de la denuncia del exdirector general de la entidad. Por otro, tiene en su espalda la mirada de la Fiscalía Provincial, que desde finales de 2017 investiga de oficio la contratación a dedo de dos asesoras del expresidente de Puertos.

La causa judicial por la que se investiga al también expresidente del Cabildo de Tenerife surgió a raíz de una denuncia presentada por José Rafael Díaz después de haber sido destituido como director general de la Autoridad Portuaria. Tras meses de un intenso enfrentamiento con Melchior por cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la entidad pública, y tras su cese el Consejo de Administración, el denunciante puso los hechos en conocimiento de la Justicia, que abrió unas diligencias en las que también figuran como imputadas, además del político de Coalición Canaria, la jefa de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de Puertos, Maite Salazar, y la secretaria de la Presidencia, Ángeles Pérez.

En una entrevista en el periódico Diario de Avisos, Ricardo Melchior acusó a José Rafael Díaz, también miembro de Coalición Canaria, de "mentir en los juzgados y en todas sus intervenciones". Un criterio que no comparte la Fiscalía, que decidió abrir diligencias de oficio tras la declaración del exdirector general en el pleito laboral que condenó a Puertos por la contratación ilegal de una de las asesoras del expresidente.

José Rafael Díaz también ha presentado una demanda en la vía social contra su destitución como director general, en una causa que se juzgó el pasado mes de diciembre y que está vista para sentencia. Durante el juicio se volvieron a poner sobre el estrado numerosos documentos y grabaciones vinculados con la gestión de Ricardo Melchior al frente de la Autoridad Portuaria.

No hay que olvidar que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en una reciente auditoria realizada sobre los procesos de contratación llevados a cabo por Puertos de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, también ha detectado irregularidades administrativas en diversos expedientes tramitados durante la presidencia de Melchior.

El informe elaborado por la IGAE, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones de contratos menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible "cesión ilegal de trabajadores".