La ADSPC lanza un crowdfunding para llevar a los tribunales la privatización de la Sanidad canaria
Profesionales sanitarios y usuarios pretenden recaudar un mínimo de 13.800 euros para acciones judiciales que paren "la ola privatizadora"
La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha lanzado este martes 13 de noviembre una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) en la que solicitan a la ciudadanía, de dentro y fuera de las islas, una aportación a partir de un euro para alcanzar un mínimo de 13.800 y un máximo de 17.000 euros con los que poder iniciar "una serie de acciones judiciales que permitan parar esta nueva ola privatizadora de la Sanidad en Canarias".
La ADSPC, formada tanto por por personas profesionales como usuarias de la Sanidad Pública asegura estar convecida "y la información previa solicitada así lo indica, que varias de las privatizaciones y acciones realizadas desde la Consejería de Sanidad suponen una vulneración de los derechos de la ciudadanía y una transgresión de la legislación vigente".
La ADSPC, perteneciente a la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se refiere a la falta de pediatras en la sanidad pública, a la apertura de servicios de pediatría concertados en la sanidad privada, a la carencia de hospitales comarcales y al aumento del dinero destinado a conciertos sanitarios (que explicó Despiertos en el programa Privados de Salud), al concurso para los conciertos de hospitalización de media y larga estancia, y al proyecto de privatización de Medicina Nuclear en el Hospital Doctor Negrín, entregado a la filial de Hospitales San Roque, la empresa de la que proviene el actual consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, un información publicada en canariasahora. Además, la ADSPC, cuyos datos de las listas de espera han provocado una denuncia la la Asociación el Defensor del Paciente contra Baltar y el presidente Fernándo Clavijo, tal y como adelantó Mírame TV Canarias, pretenden también iniciar acciones judiciales por la "persistencia de las listas de espera más dilatadas del Estado español".
La acción judicial conlleva una serie de costes relacionados con el pago al gabinete jurídico y gastos procesales. Esta parte del proyecto se financiará con la primera ronda de recaudación. "En caso necesario", se usará lo que se recaude desde el mínimo de 13.800 euros hasta los 17.000 "para cubrir algún imprevisto".
Gracias a la colaboración ciudadana, Mírame TV Canarias está recopilando casos de personas afectadas por la larga espera, para ser intervenidas quirúgicamente o atendidas por un especialista, en el correo electrónico [email protected]