La juez desestima todos los recursos de los areneros de Güímar
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar ha desestimado todos los recursos presentados por los cinco empresarios acusados de delitos ecológicos por la extracción ilegal de áridos durante casi veinte años, para los que la Fiscalía solicita cinco años de prisión, contra la fianza fijada en 279 millones; cantidad en la que se ha tasado el coste de reparar el equilibrio ecológico ocasionado en los barrancos del municipio tinerfeño. La juez exige ahora el abono inmediato de la indemnización económica como aval ante las responsabilidades pecuniarias que piden tanto el Ministerio Público como la acusación popular, paso previo para que la Audiencia provincial fije la fecha del juicio oral.
En varios autos dictados por la titular del Juzgado, a los que ha tenido acceso mirametv.com, se rechazan las alegaciones esgrimidas por los cinco empresarios, entre los que figura Antonio Plasencia (foto), presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco). La juez desestima el argumento de una posible duplicidad punitiva proscrita, alegado por los areneros en base a que se había aportado al procedimiento aval ante la Consejería de Industria y el Ayuntamiento de Güímar, lo que fundamenta en que "no consta acreditado" que los acusados "hayan sido sancionados administrativamente con una multa que hayan hecho efectiva por los mismos hechos y fundamentos que aquí se le imputan, y tampoco guarda relación o idéntica semejanza la exigencia de la fianza en este procedimiento penal con una aval solicitado en un expediente administrativo sancionador".
Igual de contundente se muestra la juez en relación a otra de las alegaciones presentadas por las que se cuestionaba que la fianza hubiera sido fijada en el auto de apertura del juicio oral y no en una resolución independiente. La instructora considera que este hecho "no supone impedimento alguno" a los acusados para recurrir la fianza, "y no ha supuesto indefensión alguna" a los empresarios "siendo que, por razones de economía procesal, resulta absurdo retrotraer las actuaciones con anulación de dicho auto, cuando lo cierto es que se ha formado la oportuna pieza de responsabilidad civil".
La fianza de 279 millones está fijada en base a la peritación judicial y las tasaciones presentadas por las acusaciones populares para garantizar las posibles indemnizaciones que se deriven, lo que, de no llevarse a efecto, conllevaría el embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará la insolvencia en forma. Las sociedades de las que son administradores los acusados son responsables civiles subsidiarias.
Reparto de la responsabilidad
La mayor cuantía recae sobre la espalda del empresario Francisco Javier del Rosario, que tendrá que depositar una fianza de 69,5 millones de euros como representante legal de Áridos del Atlántico SL, titular de las canteras El Fregenal y El Llano II. Antonio Plasencia deberá hacer frente a 66,4 millones como responsable de la sociedad Áridos del Sur, que durante años explotó la cantera de Badajoz. El principal propietario de Hermanos Morales Martín SL, José Enrique Morales, deberá dejar en manos del Juzgado 62,9 millones por la extracción de áridos en la cantera Baden II. En el caso de Fulgencio Díaz, administrador de la entidad Áridos Puertito de Güímar, que realizó su actividad en la cantera de Agache, la cuantía total es de 41,3 millones; mientras que la fianza menor pesa sobre Pedro Díaz, de Extracciones de Áridos Canarios, titular de la cantera Extracsa, con 39 millones.
A las responsabilidades económicas solicitadas por el Ministerio Público y las acusaciones populares personadas en la causa hay que añadir la decisión del Ayuntamiento de Güímar de pedir, "por ser el perjudicado de la delictiva actuación de los acusados", indemnizaciones por valor de 209 millones de euros.
La extracción de áridos en los barrancos de Güímar, una actividad que ha destrozado gran parte del paisaje de la zona, se prolongó desde la década de los 90 hasta, al menos, el año 2007. El lugar afectado tiene un alto potencial agrícola, lo que no fue obstáculo para que las canteras apuraran de tal manera la superficie de sus parcelas que no respetaron los retranqueos mínimos exigidos en el desarrollo seguro de la actividad con respecto a los propietarios de los predios colindantes, como concluyó la fiscal en su escrito de acusación.
Todo valía con tal de conseguir la mayor productividad posible. El método empleado, como relata la Fiscalía, era "desordenado, sin control y a base de excavar enormes hoyos", lo que hacía "difícil" practicar la actividad agrícola en la zona. Los areneros provocaron cortes verticales que alcanzaron profundidades que sobrepasaban "con mucho lo permitido, con el consecuente efecto de inseguridad, generación de polvo e impacto visual".
La fiscal Inmaculada Violán considera probado que las actuaciones llevadas a cabo en el Valle de Güímar "han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno". Entre los efectos más significativos, la fiscal destaca que, por una actuación "caótica y desmedida", se ha afectado al funcionamiento del sistema hidráulico y de drenaje de barrancos.
A los daños naturales se unen los efectos causados en la seguridad de la zona, ya que la gran verticalidad de los taludes provoca una "inestabilidad del terreno", lo que ya ha producido "desplomes y derrumbes de gran importancia". Esta situación se agrava debido a las lluvias, que pueden transportar "toneladas de escombros" que se depositan en el fondo de los huecos generados. La situación es tal que en los últimos años ha sido preciso "acometer obras de emergencia para la estabilización estructural de un tramo del cauce del barranco de Badajoz".
Permisos
Para entender el lío normativo que rodea al caso de los áridos de Güímar, basta una lectura del informe realizado por el Ministerio Público, en el que se expone con todo lujo de detalles los incumplimientos en los que incurrieron los cinco empresarios acusados. ¿Tenían permiso? En algunos casos sí, pero en todos era insuficiente para realizar la actividad de extracción en la forma en que se produjo, con la agresividad que se realizó y durante el tiempo que duró.
Es cierto que algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo en los barrancos contaban con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), otorgada en su día por la ya extinta Cumac, la ahora llamada Cotmac; además de una autorización de la Dirección General de Industria, aprobada con una serie de condicionantes que, en ningún caso,eximían de la responsabilidad de obtener el resto de títulos habilitantes obligatorios.
Ninguna de las empresas (Áridos del Sur SA, Hermanos Morales Martín SL, Áridos Atlántico SL, Áridos Puertito de Güímar SL y Extracción de Áridos Canarios SA) obtuvo permiso de la Dirección General de Urbanismo, calificación territorial, calificación de la actividad o para las actuaciones en dominio público hidráulico. Tampoco contaban con licencia municipal, salvo en el caso de la entidad de José Enrique Morales, que la tenía por silencio positivo pero que, según argumenta Violán, cometió "importantes excesos fuera del área autorizada".
Así consta también en una resolución de la dirección general de Ordenación del Territorio, fechada el 21 de enero de 2004, donde se reconoce de forma expresa que, en los barrancos de Güímar, "gran parte de las explotaciones mineras allí existentes vienen operando desde hace años con clandestinidad y no cumplen con las autorizaciones preceptivas o incumplen la normativa".
Después de una década de denuncias judiciales, el caso de los áridos de Güímar entra en su fase final tras la decisión de la juez instructora de abrir el juicio oral. Los cinco empresarios que durante años extrajeron áridos sin permiso en los barrancos del municipio tinerfeño tendrán que defenderse de la presunta comisión de cinco delitos contra el medio ambiente, por los que la Fiscalía pide 25 años de cárcel y millonarias indemnizaciones económicas, entre otras posibles consecuencias penales.