La Fiscalía pide el archivo provisional de la causa contra Clavijo
La fiscal Anticorrupción de la provincia tinerfeña, María Farnés, ha solicitado el sobreseimiento provisional de la pieza separada de la Operación Corredor que afecta al alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, imputado por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y malversación. La pelota está ahora en el tejado de la juez que sustituya a César Romero Pamparacuatro, apartado de la instrucción, y que, salvo contratiempo, será la actual titular del Juzgado Número 4 de Aguere, que tendrá que decidir si acepta el archivo.
La decisión de la Fiscalía de pedir el sobreseimiento no afecta al grueso de la Operación Corredor, en la que hay un total de 44 imputados, por la que se investiga por la presunta comisión de múltiples delitos al abogado Evaristo González y toda su red de empresas vinculadas al sector del ocio.
La causa principal se verá condicionada, sin embargo, por otra petición realizada por María Farnés: la nulidad de todas las escuchas telefónicas y otras comunicaciones telemáticas, así como de las pruebas derivadas de las mismas en el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2010 a las 23.59 horas, hasta el 21 de octubre a las 23.59 horas, al no aparecer el auto de prórroga de las intervenciones que debía de haber dictado la juez que instruyó el caso antes de la llegada de Pamparacuatro.
En relación a los hechos que se imputan a Fernando Clavijo, las concejalas Blanca Pérez (CC) y María José Castañeda (PSOE), además de otra serie de personas, la fiscal considera que no hay elementos suficientes para mantener la situación procesal, "a pesar de la existencia de diversas conversaciones telefónicas que evidenciaban indicios de un posible delito de prevaricación y malversación". Así lo asegura en relación al caso de las ayudas al realojo de Las Chumberas, sobre el que incide en que la decisión de apuntalamiento se llevó a cabo "por orden de los técnicos", y no del alcalde, además de basarse en que la situación de las viviendas afectadas por aluminosis "se ha agravado" con el paso del tiempo.
A pesar de que existía una controversia por los emolumentos que recibían tanto la concejala socialista como el representante vecinal Ricardo González, a los que hasta la fecha se ha ayudado con un total de 25.250 euros y 25.391 euros, respectivamente, la fiscal recuerda que ya se llevaban a cabo con anterioridad realojos "sin tener en cuenta ningún requisito económico, dada la interpretación que los Servicios Jurídicos habían realizado" de una de las Bases Reguladoras de Concesión General de Ayudas Económicas del Área de Bienestar Social.
La representante del Ministerio Público también intenta desmontar las tesis que apuntaban a "un pacto entre las autoridades locales y diversos empresarios para permitir el cierre de sus establecimientos" fuera de los horarios autorizados, así como el hecho de "una posible extorsión llevada a cabo por un policía local sin que se hubieran adoptado medidas para la persecución de este delito". María Farnés concluye en su escrito que estas sospechas "no han sido acreditadas después de las pruebas practicadas". Las otras imputaciones vinculadas con el presunto trato de favor recibido por una cafetería de La Cuesta caerían de declararse la nulidad de las escuchas que solicita el Ministerio Público.
Localizada la testigo clave
La petición de la Fiscalía en la que se solicita el sobreseimiento provisional de la causa contra Fernando Clavijo entró en el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna cinco días después de un escrito que puede ser clave en el caso. El abogado Manuel Estévez, representante de Carlos Calderón, denunciante de la causa, presentó el pasado 11 de marzo una solicitud en la que informó de que tiene localizada a una de las testigos consideradas fundamentales, la arquitecta Alejandra Medina, hasta ahora en paradero desconocido.
Este hecho podría dar un vuelco a la investigación, ya que Medina declaró ante la Policía Judicial haber asistido a una reunión en la que supuestamente estaban presentes Fernando Clavijo, Evaristo González y el gerente de Urbanismo, entre otros. Hasta ahora, su toma de declaración no había sido posible, estaba citada el pasado 8 de enero, por no haber sido localizada por el Juzgado. Para que preste testimonio, sin embargo, el abogado Manuel Estévez ha solicitado que sea protegida en base a lo establecido por la Ley 19/1994 “por el miedo fundado que tiene a las posibles repercusiones que le pueda generar su declaración”, según aclaró el letrado.
En el escrito de la Fiscalía también se da respuesta a estas acusaciones en base a las pruebas practicadas hasta el momento, y pese a que aún no se ha escuchado a la testigo en sede judicial. Farnés incide en la declaración que se tomó a uno de los agentes de la Policía Judicial que en su momento se entrevistó con Medina, antes de que esta abandonara el país. Sobre esto, el escrito de la fiscal recuerda que el instructor policial "confirmó efectivamente lo dicho por el denunciante, sin embargo manifiesta que en su presencia únicamente reconoció a Evaristo González Reyes y que fue el denunciante quien días después les llamó para decirles que la testigo también reconocía a los otros dos imputados [en alusión a Clavijo y al gerente de Urbanismo], pero que en su presencia dicho reconocimiento no se efectuó".
La arquitecta aseguró en su encuentro con la Policía Judicial, según recoge el oficio de febrero de 2010 que obra en el sumario del caso, que Evaristo preguntaba "por qué no se había solucionado el problema", en alusión al pub Sketch, a lo que uno de los presentes, identificado posteriormente como Roberto Remiro, gerente de Urbanismo en aquel mandato, respondió que "porque uno de ellos era periodista y tenían que tener cuidado", en clara referencia a Isaac Tacoronte, expareja del denunciante y en la actualidad trabajador del Consistorio de Santa Cruz de Tenerife. "Evaristo mantenía una discusión con los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna sobre un determinado local del Cuadrilátero que, según él, le estaba molestando y quería quitarlo", afirmó la arquitecta.
La testigo, como recoge la Policía, "se quedó muy extrañada con el trato tan duro y humillante que el tal Evaristo estaba impartiendo sobre el resto de personas allí presentes", e insistió en que a los "15 o 20 minutos abandonó la reunión". Al día siguiente, en base al oficio policial, la arquitecta llamó a su colega Olga para manifestarle que era amiga de uno de los dueños del local, del denunciante, Carlos Calderón, al que fuentes consultadas aseguran que asesoraba en materia urbanística, y que "le parecía horrible lo que le estaban haciendo". La respuesta de su acompañante fue que "sabía que esa gente hacía cosas sucias pero que ella no se metía en problemas porque estaba embarazada y con diabetes y no iba a poner en riesgo su trabajo".
A partir de entonces, siempre según el testimonio de la testigo, "se le cerraron todas las puertas", ya que hasta ese momento realizaba trabajos para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, tras presenciar la reunión, no le han dado "ni un solo contrato". Además de Clavijo, Evaristo González, y el gerente de Urbanismo, en la supuesta reunión había dos mujeres a las que no pudo identificar. La Policía Judicial llega a la conclusión en su informe de que "se deduce que existe un compromiso para apoyar al empresario Evaristo González Reyes, propietario de diversos locales de ocio, quien entre sus objetivos está el de hacerse con más locales, entre los que se encuentra el pub Sketch, para lo cual no duda en presionar a los propios mandatarios del Ayuntamiento y así conseguir que el propietario del Sketch desista de su actividad".