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Un primer peritaje judicial ya detecta un exceso presupuestario de casi un millón en la vía de acceso al hospital de La Gomera

La jueza ordena, por consejo del perito, comparar el resultado de la obra con las certificaciones refrendadas por el Cabildo

Los casi 600 metros de rotonda a rotonda costaron 8,5 millones, frente a los 6,8 de otra carretera vecina de más de dos kilómetros incluida en el mismo convenio con el Gobierno canario

 

El perito deja claro en su informe que sólo responde de la forma más “precisa” a lo que le preguntan y, lo que le preguntan, tiene “limitaciones”: “¿El proyecto de la obra ejecutada en la vía de acceso al Hospital de La Gomera se adecua a lo construido?”

Pues eso depende de qué proyecto.

La vía de acceso al hospital de La Gomera tiene un proyecto de 2006… y un proyecto de reforma de 2007. Tras analizar el primero, no, “no existe concordancia entre ambas realidades” y tras estudiar el segundo, sí, “pero con matices”. Matices que suponen casi un millón de euros.

Después de profundizar en esa “falta de concordancia” y, en esos “matices”, durante las 104 páginas del informe al que ha tenido acceso Mírame TV Canarias, el perito concluye que el problema no es que el proyecto (modificado en 2007) de la obra ejecutada se adecue con matices a lo construido, sino que, de momento, “existe un exceso de presupuesto entre el presupuesto del proyecto de reforma de 2007 y la obra materializada” que asciende a 942.903 euros. Y ese ‘de momento’ es porque, desde el inicio de su informe, hasta las conclusiones, el perito insiste en que “la comparación se ha realizado sobre el proyecto de reforma 2007 y no sobre certificaciones de obra, [la negrita y el subrayado provienen del informe] porque así se le ha preguntado a este perito judicial”.

Y porque tampoco las certificaciones de obra están en el expediente que le remitió la titular del juzgado de instrucción número 1 de La Gomera, pese a que las diligencias de investigación judicial sobre esta vía de menos de 600 metros que costó 8,5 millones  se abrieron en 2011 tras la denuncia de Alonso Trujillo, como tesorero del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción. El mismo colectivo detrás de la denuncia del ‘caso Telaraña’ adjuntó a la denuncia contra la obra de la carretera un estudio técnico de un ingeniero con conclusiones similares a las que firma el perito judicial (aunque con un sobrecoste de un 40% frente al 11% detectado el perito, a falta de analizar las certificaciones de obra).

No fue hasta cinco años después de la apertura de diligencias de investigación, el 14 de marzo de 2016, cuando el juzgado solicitó a la Fiscalía que declarase la “causa compleja” para poder seguir con la investigación 18 meses, que podían ser prorrogados hasta tres años, un máximo que se cumplirá en los primeros meses de 2019. En su informe, el perito judicial quiso recordar que aceptó el cargo el 28 de noviembre de 2013 pero que no fue hasta más de 3 años después, el 6 de febrero de 2017, que la “Dirección General de Justicia”, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, le dio la “autorización definitiva”. Desde entonces, el perito judicial Juan José Cabrera Oliva (Sociedad Estudio Cabrera SL, que actúa como “intermediador” de Godoy Consultores y Auditores SL, la empresa privada adjudicataria del servicio público por 3 millones de euros) sólo ha tenido acceso al proyecto de la primera fase de la vía de marzo de 2006 y al proyecto reformado de mayo de 2007 (ambos realizados por la empresa Estudio Gurú SL) pero no a las certificaciones de obra.      

Tal y como explica el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su artículo 47.7 A), las certificaciones de obra son documentos que deben  describir de forma detallada “los trabajos realizados, con la información relevante sobre las cantidades y valores de aplicación y con expresión de las características que los definen y de los materiales empleados” (es decir, con las modificaciones presupuestarias detalladas y justificadas), además de incluir “confirmación de que la totalidad de la obra contratada ha sido satisfactoriamente terminada”. Entre otras cosas, cuando estos certificados son de “obras realizadas para las administraciones públicas”, deben ser expedidos “por el director de obra” y “refrendados por la entidad contratante” que, en este caso, es el Cabildo de La Gomera.

Una vez leída esta conclusión, Maria Luisa Goya Ravelo (la jueza que archivó, en primera instancia, el ‘caso Telaraña’ contra el presidente del Cabildo gomero Casimiro Curbelo, archivado definitivamente por la Audiencia Provincial) firma una providencia ordenando requerir al perito para que complemente su informe incluyendo una comparativa con la  “certificación final de obra”. El juzgado envió el oficio y el perito respondió el pasado 4 de septiembre solicitando, no sólo la certificación final de obra a la que se refiere la titular del juzgado, sino también otros dos: “el anexo” del certificado final, pues es en este tipo de documento en el que se debe describir, con detalle, las modificaciones introducidas en la obra; y la “certificación de liquidación final de obra a origen”, el documento contable que debe incluir cada una de las partidas de gasto relacionadas con esas modificaciones en el presupuesto original.      

Pero, la de ‘si el proyecto de obra se corresponde con lo ejecutado’, no es la única pregunta ‘imprecisa’ que le hizo la jueza al perito en su solicitud de dictamen: “¿Era necesaria la modificación del proyecto?”.

Lo era. Pero porque el trazado  de 2006 “convierte” el proyecto, por la fuerza de los hechos, en “inviable”. La reforma de 2007 se aprovechó para “incorporar elementos constructivos que, a criterio de este perito judicial, son ajenos al proyecto objeto de vía del año 2006, que han hecho aumentar el presupuesto necesario para ejecutar formalmente la vía de acceso al hospital.  Al perito le resulta “llamativa” la comparación de trazados de la vía proyectada en marzo 2006 y la proyectada en el modificado de mayo 2007 ya que, no sólo pasa de los 748 metros de longitud a los 579 de rotonda a rotonda, sino que la segunda rotonda en el proyecto 2006 “de construirse ahora, se ubicaría sobre el actual edificio del hospital”. De construirse ahora, y también entonces ya que, como se demuestra en el informe pericial con una ortofoto de grafcan, cuando se proyectó la vía “ya estaba el hospital en fase de construcción y aun así”, recalca el perito,  “se comete el error en el planeamiento del trazado de la vía” que hace “de facto convertir al proyecto de 2006 en inviable”. Esos 169 metros menos (una reducción del trazado de casi un 30%) hicieron que el presupuesto de 2006 quedase “obsoleto”. Sin embargo, y aunque el perito considera deficitarias las “cuantías y precios unitarios” del proyecto de 2006, estas se “rectificaron” en la modificación de 2007 para “compensar la disminución del medición” y se da la circunstancia de que “no se alteraron en la misma proporción” que el presupuesto final.

“942.903 euros de exceso presupuestario”

 De los 8,5 millones de dinero público, 3,3 millones (casi un 40%) se justifican en el presupuesto modificado de 2007 con la construcción de muros. Más de 20.200 metros cúbicos para el muro que recorre toda la vía y la eleva por encima del cauce del barranco de Chejelipes (un muro que sí aparecía en proyectado en 2006 pero hecho de hormigón armado y no con bloques de hormigón, es decir, de menor coste el real); y casi de 4.200 para el muro en el otro margen del barranco frente al Hospital (y que ni siquiera estaba contemplado en el proyecto de 2006). Para el perito (que es arquitecto, ingeniero de Caminos, ingeniero Industrial, ingeniero mecánico, máster en Explotación de Carreteras…) este muro baluarte “no tiene razón de ser para que haya sido ejecutado al amparo del proyecto de la vía de acceso” ya que no tiene conexión ni con la vía de acceso ni con el encauzamiento del barranco ya que se encuentra fuera del cauce de 35 metros. Aún más alejado del barranco estaba el muro proyectado del que finalmente se ejecutó y que, además, tiene 100 metros menos que el presupuestado. No sólo eso: también cuenta con una “sección aparentemente desproporcionada” ya que, durante la visita a la zona, el perito calculó que tenía entre 2 y 3 metros de altura frente a los 8 y 10 proyectados, “no pudiendo, bajo ningún concepto, entenderse que dicha diferencia estuviese enterrada, por no ser coherente técnicamente”. Es decir, que de los 4.200 metros cúbicos proyectados, sólo se ejecutaron poco más de 700.  El perito calcula, en total, un sobrecoste injustificado de casi medio millón (479.148,90 euros) sólo en la partida dedicada a los muros, y sin tener en cuenta el vaciado y relleno de los 100 metros no ejecutados “que haría aumentar incluso el sobrecoste”. El informe pericial destaca que “la realidad construida disminuyó en gran medida las dimensiones de dicho muro, aunque no se rectificó en las partidas presupuestarias. Por todo ello y a entender del perito judicial que suscribe, esa construcción es impropia y no responde al interés de la vía de acceso por lo que debería haberse excluido de la cuantificación del presupuesto”. Es decir, que el sobrecoste calculado por el perito sería aún mayor si no hubiera respondido a la pregunta exacta que le hace la jueza pero el perito no suma al sobrecoste los 720 metros cúbicos porque están construidos, e incluidos en el presupuesto de 2007. Sus casi 100.000 euros de coste elevarían el exceso presupuestario por encima del millón de euros.

Un sobrecoste injustificado que seguiría elevándose si no se hubieran gastado casi 200.000 euros para la reconstrucción de un inmueble convertido en oficina, que no se encontraba contemplado en el proyecto de 2006, y que está  “actualmente en aparente estado de abandono”. Pero el informe aclara, desde su inicio, que estudia “los aspectos que no pudieran ser controvertidos, por evidentes, no entrando a valorar los que puedan tener justificación subjetiva, aun pudiendo no ser compartida por el perito que suscribe”. Por ello, Juan Jesús Cabrera se limita a sumar los 76.000 euros injustificables que inflan el coste por encima del precio de mercado, según sus cálculos.

Otras ocho partidas presupuestarias más del modificado de 2007, que componen las diferentes capas de estructura asfáltica para la vía y las aceras, el pavimento, los bordillos, las barandillas metálicas… no responden, según el informe, a la realidad ejecutada y, juntas, suman más de 200.000 de sobrecoste injustificado.

Como cada presupuesto, ya sea de ejecución material o base de licitación (el modificado de 2007, por ejemplo), a estos 772.625,27 euros que no se han invertido en la ejecución real de la vía, hay que añadirle el 22% en gastos generales y beneficio industrial, según el Artículo 131 del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así responde el perito a la tercera pregunta de la jueza que recoge el informe: “¿El proyecto modificado responde a los precios de mercado? Indique si hay o no una excesiva valoración” No, no responden a los precios de mercado todas esas partidas y sí, según el perito, sí hay una excesiva valoración en el presupuesto que, de momento y a la espera de analizar las certificaciones de obra y no sólo el proyecto modificado, es de casi un millón de euros.

Pedro Medina Calero, presidente del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, asegura que, desde la plataforma denunciante del caso, están convencidos de que “el sobrecoste injustificado será aún mayor cuando el perito analice  las certificaciones de obra que el Cabildo de La Gomera no ha querido presentar en el juzgado durante estos siete años”. Además de aportar documentación para demostrarlo, el Movimiento pedirá a la jueza que inste al perito a realizar un informe comparativo entre vía de acceso al Hospital y la vía de acceso  La Lomada.

La obra de acceso al hospital forma parte de un convenio firmado entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias en septiembre de 2002. En el acuerdo, el Ejecutivo autonómico se comprometía a ejecutar la vía de acceso a La Lomada, de más de dos kilómetros, mientras que la Corporación insular asumía los trabajos de la carretera al centro sanitario, de 585 metros. En el documento se fijó la financiación que asumía la Administración regional, 5,2 millones de euros para cada una de las actuaciones. Ambas fueron valoradas con un mismo precio en el convenio, a pesar de que sus características son distintas.

El Movimiento Ciudadano contra la Corrupción prepara ya el escrito en el que pedirá a la jueza que también le requiera al Gobierno canario los certificados de obra de La Lomada. En el caso de la vía ejecutada por el Ejecutivo autonómico, el desvío presupuestario fue menor, ya que finalmente costó 6,8 millones de euros. El estudio técnico de la denuncia destaca que, si se toma como referencia el gasto final en ambas carreteras, los trabajos de La Lomada  supusieron un desembolso 2,6 millones por kilómetro, mientras que el precio se disparó hasta los 14,7 millones en el caso del hospital. Ambas carreteras fueron construidas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que formaron Pedro Luis Darias SL, Áridos Herrera SL, Construcciones Darias SA y Promociones Ramón Arteaga Álvarez SL.